SANTIAGO.- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que tiene como objetivo mejorar la condición financiera de las universidades estatales del consejo de rectores.
La iniciativa, entre otras medidas, autoriza a los planteles por un plazo de dos años, a contar de la fecha de vigencia de la ley, para contratar uno o más empréstitos, con el objeto de reestructurar sus pasivos financieros, existentes al 31 de diciembre del 2003.
Se establece que el servicio de la deuda derivada de dichos compromisos, deberá hacerse con cargo al patrimonio de la universidad respectiva y no podrá exceder el plazo de los 20 años. De esta manera las instituciones deberán llamar a una propuesta pública para seleccionar la o las entidades financieras que concederán los préstamos.
El proyecto de ley dispone que las universidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, sin embargo sólo estarán afectas al trámite de toma de razón, en materias como la enajenación de bienes raíces; la aprobación del presupuesto y sus modificaciones; reglamentos de carreras funcionarias y sus modificaciones; y las medidas que impliquen la supresión de empleo o la eliminación o destitución de un miembro de la entidad.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Ominami, destacó la importancia de contar con esta iniciativa, que cumplió un importante paso en su tramitación en el Parlamento.
"Es un proyecto que ayuda a las universidades del estado a adquirir mayor agilidad por el acotamiento del trámite de toma de razón de la Contraloría, y a su vez genera una situación menos apremiante de la que tienen hoy", recalcó.
Respecto a la norma aprobada, en torno a que todos los aportes económicos a las universidades estatales deben hacerse por ley, el senador manifestó su disconformidad. Agregó que hará sus planteamientos sobre el tema, una vez que el proyecto sea discutido en la sala.
La iniciativa -en trámite- también contempla una disposición que establece una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios de carrera o a contrata, que a la fecha de la publicación de la ley tengan 65 o más años, en el caso de los hombres; y 60 y más años, en el caso de las mujeres.
