BUENOS AIRES.- El joven que filmó un video mientras mantenía relaciones íntimas con el ex obispo argentino Juan Carlos Maccarone denunció que un poderoso grupo económico local lo "usó" para provocar la renuncia del prelado.
En declaraciones a los periodistas tras comparecer ante la Justicia, Alfredo Serrano, de 23 años, acusó de la maniobra al grupo Ick, dueño de varias empresas en la provincia norteña de Santiago del Estero, de la que Maccarone fue obispo hasta el mes pasado.
"Ellos son los que van a ir presos, son una basura. No les tengo miedo porque mi conciencia está tranquila. Ellos manejaron todo", el joven.
En Santiago del Estero el grupo controlado por la familia Ick es dueño de dos bancos, un casino provincial, una empresa de seguros y dos hoteles, además de un canal de televisión y una emisora de radio, entre otras empresas.
Sobre Serrano pesan denuncias por los presuntos delitos de "violación grave a la intimidad y extorsión", promovidas por el presidente de la Federación de Profesionales de Santiago del Estero, Marcelo Agüero, y la asesora legal del Movimiento Campesino, Mabel Bravo.
Venganza política
Maccarone renunció como obispo de la provincia en agosto pasado, después de conocerse la existencia de un video en el que aparece manteniendo relaciones íntimas con Serrano, quien admitió haberlo grabado como venganza.
El Episcopado argentino solidarizó con el ex obispo y le agradeció su labor al servicio de los pobres en Santiago del Estero, al tiempo que abonó la teoría de que el escándalo pudo ser fruto de una "venganza política".
El pasado 26 de agosto, miles de personas se movilizaron en la capital provincial en rechazo a los hechos que derivaron en la dimisión del religioso y se dirigieron a la sede del canal que pertenece a la familia Ick.
A este grupo empresario se le vincula con el matrimonio Juárez, que durante el último medio siglo rigió los destinos de Santiago del Estero y del cual Maccarone fue un ferviente opositor.
Los ex gobernadores Carlos Juárez y su esposa, Mercedes Aragonés, fueron desplazados del poder en 2003 por una intervención federal dispuesta por el Gobierno argentino en medio de un escándalo de corrupción.
Hace dos meses el religioso había declarado ante la justicia que fue sometido a permanentes tareas de "control y seguimiento" por la policía santiagueña mientras la provincia era gobernada por los Juárez.
