Senador Navarro propone fijar penas para el "acarreo" electoral

VALPARAÍSO.- Dos proyectos de ley destinados  a terminar con los gastos secretos en las elecciones  populares y a penalizar con cárcel el denominado “acarreo  electoral", presentó el senador Alejandro Navarro (PS) con el  propósito de establecer una clara división entre los negocios  y la política, en el primer caso, y evitar distorsiones de la  voluntad popular, en el segundo.

Si bien el parlamentario espera que ambas iniciativas puedan  convertirse en ley antes de los próximos comicios  municipales, anticipó que si ello no ocurre pedirá que se  fiscalice el traslado concertado de votantes y que las  empresas se inhiban de utilizar el mecanismo de donaciones  secretas.

Según explicó el senador Navarro el fenómeno del “acarreo  electoral” se registró con mayor frecuencia en comunas  pequeñas de los extremos del país, pero también en comunas de  alta densidad demográfica, donde se registra un traslado concertado de votantes a fin de poder incidir en el resultado  electoral de dicha localidad.

"El caso de Sierra Gorda es muy emblemático, porque el padrón  de votantes es superior al de sus habitantes y eso se debe al  denominado acarreo político que termina desvirtuando la  voluntad soberana de los habitantes de comunas pequeñas",  señaló.

Otro ejemplo es de la comuna de Putre donde según datos del  Servicio Electoral están inscritas 6 mil personas de las  cuales 4 mil provienen de comunas diferentes a la de  votación.

"El acarreo no puede continuar, es una ofensa para la  democracia y por eso propongo castigar con penas de cárcel,  establecer multas y darle facultades de fiscalización al  Servicio Electoral", explicó.

En lo fundamental, el proyecto establece mayores exigencias  para comprobar los cambios de domicilio, disponiendo que éste  se deberá acreditar con el certificado de residencia otorgado  por Carabineros.

Asimismo, no solo sanciona a quienes se  cambien de domicilio sino que a quienes se vean beneficiados  por ello, con penas de cárcel de 3 a 5 años, suspensión del  derecho de ejercer cargos públicos por 5 años, multa y la  invalidación de su eventual elección en el cargo