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Santiago: Viernes 19 de abril del 2024 | Actualizado 17:19
SANTIAGO.- Un preinforme del ministro Sergio Muñoz, sobre las posibles inconsistencias de órdenes y contraordenes de detención, realizado por el ministro Sergio Muñoz, da cuenta de que no son 16 mil los dictámenes que presentan irregularidades, debido a que hay muchas repeticiones en la Región Metropolitana, por lo que su número final se reduce.
Así lo manifestó el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, quien explicó que esto sucede porque no hay un formulario único para que los tribunales, el Ministerio Público, Gendarmería, las policías y el Servicio Nacional de Menores extiendan las órdenes y contraordenes respecto a un imputado.
"Se ha informado que no se ha cumplido adecuadamente ese auto acordado que disponía una forma de control respecto de las contraordenes, no en todas, pero en algunos aparece que sí. Son importantes, pero no en la cantidad que se había informado inicialmente, es importante para nosotros de todas maneras que existan casos", dijo.
Indicó además que Muñoz realizará el catastro a nivel nacional de las contraórdenes durante el mes de diciembre, puesto que recién llegaron a sus manos los informes de las otras instituciones involucradas.
"La etapa en que está la investigación a nivel nacional, se refiere a la recopilación de los datos o banco de datos que cada uno a de las instituciones puso a disposición del tribunal, en estos momentos está en una etapa de vaciado en un programa para los efectos de establecer si existen inconsistencias o no existen inconsistencias y la cantidad de casos en que ellos se va a producir", afirmó Muñoz en su preinforme.
El ministro Mario Carroza informó a mediados de noviembre sobre la existencia de 16 mil contraórdenes de detención con "inconsistencias" en la capital, en el marco de la investigación del Centro de Justicia y de los juzgados de garantía capitalinos por una red de corrupción integrada por funcionarios judiciales y detectives.
A partir de eso, el pleno de la Corte Suprema resolvió ordenar un catastro en todas las regiones del país de las órdenes de aprehensión y contraórdenes realizadas por los tribunales de justicia desde el año 2002 hasta la fecha.
