Juzgado posterga formalización por amenazas a ministro Pérez Yoma

SANTIAGO.- Para el 8 de marzo de 2010 quedó postergada la audiencia de formalización en contra del periodista e intermediario en la compra y venta de armas, Pedro del Fierro, y del ex abogado de DD.HH., Héctor Salazar, por el delito de amenazas, tras el presunto intento de extorsión al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.

Hasta el Cuarto Tribunal de Garantía sólo llegó Del Fierro, en compañía de los abogados defensores Ricardo Flores y Jorge Triviño. Salazar se excusó de asistir a la cita, aludiendo problemas sicológicos, según explicó Triviño.

"POr lo que me han comentado, don Héctor Salazar habría presentado algumnos problemas sicológicos, debido al fallecimiento de un familiar muy cercano y por ese motivo pidió que se fijara una nueva audiencia", dijo el abogado.

La historia tuvo su origen en una denuncia que presentó el abogado del Interior Luciano Fouillioux ante el ministro de la Corte de Apelaciones Manuel Antonio Valderrama, quien investiga el proceso de compra de tanques Leopard I por parte de Chile a Holanda en 1998. Todo a raíz de una reunión pactada entre Fouillioux y el abogado Salazar.

Según el abogado del Interior, Salazar se explayó sobre una posible declaración de Del Fierro ante el ministro Valderrama. Explicó que existía la posibilidad de entregar dos versiones. Cuando se refirió a la versión "A", que no perjudicaría a Pérez Yoma, Del Fierro interrumpió a Salazar y le planteó a Fouillioux que esta alternativa tendría un costo de US$ 500 mil.

Fouillioux afirmó que si no se concretaba el acuerdo por la "A", habría una declaración "B" que implicaría el estallido de un "escándalo político". Salazar también habría pedido, según el denunciante, que se le reconociera calidad de exonerado político a Del Fierro, la que no detentaba pese a su condición de ex GAP.

Tras esta declaración, el ministro Valderrama entregó los antecedentes al fiscal nacional Sabas Chahuán, quien designó en el caso al fiscal regional oriente Xavier Armendáriz.

En la nueva fecha de formalización, a ambos se les imputará el delito de amenazas condicionadas en calidad de frustradas, ya que la extorsión no está tipificada en Chile. Podrían arriesgar penas entre los 541 días y tres años de presidio.