Juez responsabiliza a fiscal por no ordenar detención a autores confesos de asesinato

SANTIAGO.- "No hubo suficientemente los antecedentes por parte del fiscal. Sobre todo en lo que dice relación en la forma de cómo se obtuvo la declaración o la confesión de los imputados. Haciendo presente el tribunal el derecho de defensa que tienen los imputados desde el primer momento en que existe una investigación en su contra".

Ese fue el argumento con que el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Escobar, justificó la decisión de dejar en libertad al botillero Luis Chávez Urbina (45) y a su trabajador Luis Delgado González (22), autores confesos del homicidio a golpes del presidente del sindicato de "Embotelladora Andina", Rodrigo Muñoz Navarrete (42), cuyo cadáver apareció en las aguas del río Mapocho, el jueves pasado.

El magistrado utilizó unos minutos al final de la audiencia de formalización en contra de los imputados, para explicar lo ocurrido anoche en las dependencias de la Brigada de Homicidios Metropolitana (BH) de la policía civil, hasta adonde llegaron los imputados para confesar el asesinato.

Escobar planteó que en la audiencia el fiscal del caso, Álvaro Pérez, agregó a los antecedentes que los inculpados renunciaron al derecho de ser asistidos por un abogado, "situación que ayer no se tuvo en cuenta al momento de pedir la orden de detención y por eso se les dejó citados para el día de hoy, situación que ha ocurrido y se celebró la audiencia de formalización".

El hermano de la víctima, Gustavo Muñoz, criticó la decisión del juez, asegurando que "está claro que la justicia de este país es una chacota. Si mi hermano hubiese sido hijo de un político eso no lo hace el juez. El juez se rió de lo que nos pasó y justo el día en que enterramos a mi hermano".

Falso secuestro

En la audiencia, el fiscal formalizó a Chávez y a Delgado por el delito de homicidio calificado y explicó que el ataque ocurrió a traición por parte del primer imputado, quien era amigo de la víctima -le debía más de $1 millón- y fue el autor de los golpes en la cabeza con un fierro.

Pérez relató que tras el asesinato, el botillero intentó quitarse la vida consumiendo una alta cantidad de somníferos y sentándose a la orilla del canal San Carlos para que lo llevara el agua. Pero que fue rescatado por un transeúnte que lo llevó al hospital.

"Luego de ello inventó un secuestro con el fin de desviar la atención de las policías de la investigación principal, que era la muerte de la víctima", dijo el fiscal.

Tras la presentación de los antecedentes, el juez Escobar decidió dejar en prisión preventiva a los imputados señalando que existe peligro de fuga, debido a la alta pena a la que se exponen.

Ambos arriesgan entre 10 y 20 años de cárcel y fueron derivados al penal Santiago I. Ahora la fiscalía tiene 90 días para terminar la investigación.