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Santiago: Sábado 20 de abril del 2024 | Actualizado 01:25
La Fiscalía Centro Norte pide 27 años para Margarita Cuadros la principal acusada en la causa.
El Mercurio.SANTIAGO.- El próximo lunes 2 de mayo comienza uno de los juicios orales más grande que se haya desarrollado en el actual sistema criminal contra miembros de una red de corrupción que vinculó a efectivos policiales y funcionarios del Poder Judicial.
En este juicio el fiscal Víctor Vidal, del área metropolitana Centro Norte solicitó una pena privativa de libertad de 27 años por más de 40 delitos imputados para la principal acusada, Margarita Cuadros Aedo, sindicada como la líder de este grupo.
El Ministerio Público logró acreditar en el curso de las indagatorias que los inculpados efectuaban falsificaciones de sentencias y resoluciones judiciales, eliminación de órdenes de arresto y arraigos de los sistemas policiales; sustracción de expedientes y cambios de alcoholemias desde SML, todo lo anterior a cambio de dinero que era repartido entre los partícipes.
En este juicio deberán comparecer al estrado 42 imputados. Por primera vez se abordan las gestiones ilícitas efectuadas por los funcionarios encargados de administrar justicia a favor de delincuentes comunes.
En la causa denominada red de corrupción judicial y policial existen formalizados y acusados funcionarios del Poder Judicial, Policía de investigaciones, Carabineros y Servicio Médico Legal.
A la fecha la Fiscalía Centro Norte ya ha conseguido condenas respecto de 21 imputados por delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, delitos informáticos, cohecho y obstrucción a la investigación.
De acuerdo a los antecedentes recabados por la Fiscalía Centro Norte, desde enero del año 2007 hasta octubre del año 2008, un grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones, Carabineros, Servicio Médico Legal (SML), del Poder Judicial y de particulares.
"Conformaron una asociación ilícita para ejecutar una gran cantidad de delitos, de manera indefinida en el tiempo, consistentes en ofrecer y otorgar una serie de servicios ilegales tendientes a favorecer a distintos imputados, procesados y/o sentenciados en causas criminales, tanto del antiguo como del nuevo sistema procesal penal, recibiendo a cambio de sus acciones un precio u otro beneficio avaluable y no avaluable en dinero", según indagó la fiscalía.
Esta organización se originó en reuniones efectuadas a inicios del año 2007 en la comuna de Santiago y se mantuvo activa hasta octubre de 2008.
Los delitos imputados a esta organización criminal, se relacionan "con ingresar y recabar información desde el sistema informático confidencial y reservado de la PDI, consistentes en órdenes judiciales de detención y aprehensión, arraigo, arresto, antecedentes penales, causas pendientes y otras informaciones contenidas en el Registro Gepol, para entregarla y revelarla a terceros u ocuparla en la comisión de otros delitos".
