Indagarán presunta complicidad de congregación en denuncia contra ex rector salesiano

CONCEPCIÓN.- Luego de que se decretara la prisión preventiva para el ex rector del Colegio Salesiano de Concepción, Audín Araya,  por la denuncia de tres víctimas, entre 15 y 17 años, de presuntos abusos sexuales reiterados entre marzo y noviembre de 2008, se anunció este viernes que se indagará la responsabilidad de la congregación en los hechos.

De esta manera, el Ministerio Público, en el transcurso de los cuatro meses de plazo para la investigación de las denuncias, deberá determinar si hubo complicidad por parte de esa comunidad religiosa.

El abogado querellante de uno de los afectados, Renato Fuentealba, aseguró que aún desconocen si hubo complicidad, pero destacó que "sí podemos decir que está acreditado en el proceso, que el director nacional de los establecimientos Salesianos tomó conocimiento de esta acusación de abuso sexual cometida por el imputado. De esta manera resulta grave el hecho de que no haya cumplido con su obligación legal de denunciar los antecedentes".

Por su parte, el fiscal especialista en delitos sexuales, Carlos Palma, explicó que aún quedan varios trámites en torno a la investigación por resolver, como "exámenes psiquiátricos y otro pericial cronológico del imputado, un examen psicológico de credibilidad respecto de uno de los niños, y la declaración de algunas personas que creemos son fundamentales y que hasta este momento no podemos ver (...)".

En tanto, el abogado defensor Marcelo Torres desestimó las denuncias contra el ex rector y explicó que "no constituyen delito" ya que a su juicio, los antecedentes que intentan demostrarlas "son contradictorios porque según algunos antecedentes éstos hechos habría sucedido, y de acuerdo a otros, no habrían sucedido".

A esto agregó que "si nos ponemos en el caso de que hubiera sucedido, tampoco son constitutivos del delito de abuso sexual del artículo 363, porque este exige abuso de parte del sujeto activo y entiendo que la Fiscalía no lo ha acreditado".

De comprobarse las denuncias, el imputado arriesga penas entre los 10 años y un día y los 20 días de privación de libertad.