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Diputado Latorre cuestiona entrega directa de concesiones de recorridos del Transantiago

El parlamentario de la DC solicitó a la Contraloría que se investigue la legitimidad de las negociaciones realizadas por el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz.

17 de Octubre de 2011 | 13:14 | Emol
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El diputado advirtió que este proceso de análisis de las licitaciones podría judicializarse.

Cristian Soto, El Mercurio.

SANTIAGO.- El diputado DC Juan Carlos Latorre se reunió este fin de semana con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, para solicitar que se investigue la legitimidad de las negociaciones y tratos directos realizados por el Ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, con las empresas encargadas de los recorridos alimentadores del Transantiago.


Durante la cita, el parlamentario le planteó al contralor las razones por las cuales el ministro no tiene atribuciones para entregar concesiones directas a algunos alimentadores del Transantiago sin hacer licitaciones como lo ha estado haciendo.


"Le he hecho presente al Contralor que contamos con antecedentes suficientes como para demostrar que este proceso denominado de manifestaciones de interés no ha sido suficientemente abierto como para que todas las empresas participen en el proceso y tengan la confianza que se les evaluó con los mismos criterios", indicó Latorre.


El diputado agregó que "un ministro, suponiendo que tenga atribuciones para ello, altere el mecanismo de concesiones en vez de licitar y pretenda hacerlo a través de trato directo no es menor", criticó.


Según explicó el Diputado DC este es un tema que ya había hecho notar a Errázuriz, sin obtener respuesta y que por eso se le han entregado los antecedentes a la Contraloría, indicando además que este proceso podría judicializarse.


Las críticas del parlamentario se suman de este modo a las realizadas ayer por la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (Conatrach), quienes a través de su presidente, Pedro Monsalve, denunciaron que no se está cumpliendo la ley en el sistema, al declarar que las empresas se adjudicarán los recorridos de los buses alimentadores, pero sin licitaciones públicas y -en palabras de Monsalve- "a punta de lobby".

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