Detectan a siete personas que trabajaban en colegios pese a estar en registro de pedófilos

SANTIAGO.- Desde mediados del año pasado todas las personas que hayan sido condenadas por pedofilia no pueden ejercer cargos que impliquen estar en contacto con menores de edad, para lo que se creó un registro nacional que puede ser consultado de manera pública.

Pese a esto, hay personas que no cumplieron con la normativa. Según denunciaron los ministros de Educación, Harald Beyer, y de Justicia, Patricia Pérez, se detectaron siete personas –dos docentes y cinco asistentes– que, pese a estar inhabilitadas, fueron contratadas por establecimientos educacionales para ejercer durante el año 2013.

Según explicó el ministro Beyer, estos individuos fueron detectados luego de un cruce de información entre el Mineduc, el Registro Civil y la Superintendencia de Educación Escolar.

Informó que, tras constatar la situación, la Superintendencia de Educación exigió de inmediato a esos establecimientos que apartaran a los trabajadores de sus funciones y que se abrió un proceso administrativo contra esos colegios, que arriesgan multas de entre 500 y 1.000 UTM por no chequear sus plantas de funcionarios con el registro de inhabilidades.

"Estamos haciendo un proceso administrativo en contra de los sostenedores de los colegios, porque tienen la obligación de ver este registro", explicó el superintendente de Educación, Manuel Casanueva, quien detalló que esos procesos debieran estar concluidos en 45 días.

El ministro Beyer remarcó que "a nosotros nos interesa tener una escuela segura, en que los padres, los alumnos y profesores puedan convivir en un ambiente seguro". Por eso anunció que todos los meses realizarán los cruces entre el personal que trabaja en los colegios y el registro de pedófilos "para ir detectando muy prontamente estos casos en los que exista violación de la legislación y vamos a ser implacables en ese proceso".

Las autoridades entregaron estos antecedentes al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, a quien le solicitaron investigar si estas personas, al trabajar en colegios, incurrieron en quebrantamiento de condena.

La ministra de Justicia, Patricia Pérez, indicó que "es fundamental que el Ministerio Público indague la eventual comisión de delito que es el quebrantamiento de condena", pues la condena es precisamente la inhabilidad. Detalló que estas personas arriesgan sanciones que podrían consistir en privación de libertad o una multa.

Por su parte, el fiscal nacional indicó que "lo que corresponde es iniciar lo antes posible las investigaciones porque puede haber el delito de quebrantamiento de condena". Adicionalmente se indagará si los directores de los colegios también vulneraron la norma. "Las consecuencias penales para los directores de los establecimientos dependerá de si hubo conocimiento de la calidad de estas personas y la negligencia yo creo que podría perseguirse por la vía civil, sin perjuicio de lo cual igual estudiaremos el tema".