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Santiago: Martes 23 de abril del 2024 | Actualizado 18:06
SANTIAGO.- Sofía Gaete, investigada por la Fiscalía de Cauquenes por el delito de obstrucción a la investigación -luego de supuestamente entregar información falsa respecto al fatal atropello que protagonizó el hijo del senador Carlos Larraín, Martín, y que terminó con la vida de Hernán Canales-, habría realizado al menos tres llamados a teléfonos de emergencia minutos después de la tragedia ocurrida en un camino rural en las cercanías de Curanipe.
Así, al menos, se evidencia en el informe que da cuenta el tráfico de llamados del celular de la joven -al que accedió Emol- que registra que a las 05:43 horas del 18 de septiembre, la mujer se contactó con el número 131, correspondiente al Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU), y en un lapso de 32 segundos, habría pedido ayuda.
La información coincide con la hora estipulada en el parte policial que da cuenta que el atropello habría sucedido a las 05:45 horas en la carretera de la comuna de Pelluhue.
El documento es parte de la prueba que la defensa de la mujer -encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic- presentó ante el fiscal Juan Pablo Pereira al momento de la declaración que la universitaria entregó ante el Ministerio Público el 18 de octubre y que consta en la carpeta investigativa.
El detalle de llamados también establece que Gaete -quien junto a Sebastián Edwards llegó hasta el retén policial para denunciar el atropello de Canales- se comunicó con el número 133 de Carabineros cinco minutos después de contactar a una ambulancia, es decir, a las 05:48 horas.
Según el informe, dicha conversación tuvo una duración de 25 segundos y agrega que además se realizó una segunda llamada de medio minuto al mismo número a las 06:29 horas.
Consultado al respecto, Bonacic aseguró que lo anterior sólo confirma la intención de ayudar que tenía tanto su clienta como Edwards y Larraín, representados por los abogados Jaime Carrasco y Rodrigo Ávila, respectivamente.
"Cuando se produjo el accidente, la primera gestión que hizo ella (Sofía Gaete) fue llamar a los Servicios de Emergencia en reiteradas ocasiones", destacó, reafirmando que la preocupación de la joven "era que llegaran los servicio de emergencia y la víctima fuera asistida oportunamente".
"Más allá del resto de los antecedentes, que son cosas accesorias, lo importante es que se buscó siempre velar por la seguridad de la persona", continuó el profesional.
La Fiscalía, en tanto, también ordenó el tráfico de llamadas de Larraín -quien fue formalizado por cuasidelito de homicidio- a pesar de que el hijo del parlamentario ha insistido en que utilizó su teléfono como linterna mientras sus amigos intentaban pedir ayuda.
Por su parte, la parte querellante -encabezada por Gonzalo Bulnes- ha insistido en que Canales podría haber sobrevivido si los jóvenes hubieran auxiliado a la víctima en vez de haber huido del lugar, ya que a un kilómetro de distancia desde el sitio del suceso, se encuentra ubicada la Posta.
Antecedentes
El atropello en cuestión ocurrió la madrugada del 18 de septiembre en un camino rural en las cercanías de Curanipe, en la Región del Maule.
Un día después, Martín Larraín -quien confirmó haber bebido alcohol antes y después del hecho- fue detenido por la policía, cuando intentaba viajar a Santiago.
El joven fue formalizado por cuasidelito de homicidio mientras que a sus acompañantes se le imputó el delito de obstrucción a la investigación luego que intentaran cambiar la versión de los hechos.
Todos permanecen con medidas cautelares y no pueden abandonar el territorio nacional ni comunicarse entre ellos.
Paralelamente, se abrió una nueva arista penal sobre la existencia de un posible delito que involucraría al médico forense del Servicio Médico Legal que realizó la primera autopsia de Canales, luego que se detectaran ciertas irregularidades en el proceso.
Se trata del doctor Mario Peña y Lillo, quien está siendo sumariado por este caso. Por lo anterior, el Ministerio Público ordenó exhumar el cuerpo del hombre de 39 años y realizarle una nueva necropsia con el objetivo de establecer si Hernán Canales pudo haber sobrevivido en el caso de haber recibido auxilio oportuno, como afirma la parte querellante.
