CDE asume representación de Piñera tras recurso por cierre de Penal Cordillera

SANTIAGO.- El Consejo de Defensa del Estado, a través del abogado Sergio Urrejola, asumió la representación del Presidente de la República Sebastián Piñera y la Ministra de Justicia Patricia Pérez, respecto al recurso de protección presentado en contra de ambas autoridades por los internos del Penal Cordillera, tras conocer la decisión del Mandatario sobre el cierre del recinto carcelario - abierto en 2004- y que obligó el traslado de los mismos hasta el Penal Punta Peuco.

Se trata del general (r) y ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras; el coronel (r), ex DINA y jefe de la Brigada Caupolicán de Villa Grimaldi Marcelo Moren Brito, el brigadier (r) Miguel Krassnoff; el brigadier (r) Pedro Espinoza y el ex DINA José Zara.

También se incluye al ex subdirector de la DINA David Miranda, al también ex miembro de la DINA y condenado por la muerte de Víctor Jara en 1973, César Manríquez; a Hugo Salas -ex director de la CNI y primer condenado a cadena perpetua por la Operación Albania- y al coronel (r) Jorge del Río.

El patrocinio fue informado luego que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara admisible la acción en favor de los condenados -quienes desde el 28 de septiembre están recluidos en el recinto ubicado en la comuna de Til-Til- y ordenara al Presidente remitir todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado la clausura de dicha cárcel.

En el documento enviado por el organismo -al que accedió Emol- el CDE solicita el rechazo de las acciones de protección presentadas con la intención de revocar el cierre del Penal Cordillera ya que no existe "acción u omisión, arbitraria o ilegal, de parte del Presidente de la República o la Ministra de Justicia que haya amenazada, perturbado o privado el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías constitucionales".

Asimismo, establece que el Mandatario tiene la potestad de dictar los reglamentos o decretos que estime convenientes para ejecutar la ley o administrar el Estado, enfatizando que la decisión del traslado tampoco afecta el derecho a la integridad física y psíquica de los condenados como se argumenta en el recurso presentado por los mismos.

Los alegatos, en tanto, fueron programados para la mañana de este viernes, instancia en que las partes podrán exponer sus argumentos para revertir o mantener la decisión del Presidente respecto a la clausura del recinto carcelario de Peñalolén.