Sabat acusa presunta "persecución política" en subsecretaría de Prevención del Delito

SANTIAGO.- La diputada RN Marcela Sabat acusó la presunta existencia de una "persecución laboral y política" al interior de la subsecretaría de Prevención del Delito, en el marco de su concurrencia a la Contraloría General de la República junto a Daniel Carrasco, presidente de la asociación de funcionarios de ese organismo.

El motivo fue presentar una serie de antecedentes que acrediten la legalidad de concursos públicos desarrollados en 2013 para proveer cargos vacantes de la planta de directivos y profesionales.

En un comunicado de prensa de la parlamentaria se consigna que esto se da luego que la subsecretaría "iniciara un proceso de invalidación de dicho concurso, argumentando un presunto 'vicio de legalidad detectado en las bases del concurso público', pese a que cada uno de los afectados participó en el proceso sin infringir el principio de probidad administrativa, ajustándose a la normativa legal y reglamentaria que exigen los concursos públicos que corresponde desarrollar a los órganos de la administración civil del Estado".

Respecto a esto, la integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la cámara baja subrayó que "una vez más, somos testigos cómo el gobierno de la Nueva Mayoría le pone el pie encima a los funcionarios que vienen desde la pasada administración, quienes no son medidos por sus capacidades laborales, y se les persigue por el simple hecho de pensar distinto".

"Desde marzo a la fecha, estos funcionarios han sido víctimas de una serie de hostigamientos y menoscabo laboral, ya sea mediante el traslado de dependencias, marginación de funciones, negación a entregar información, demora en respuesta a solicitudes, no asignación de tareas, entre otros aspectos, lo que atenta el desarrollo de la carrera funcionaria y el pleno ejercicio al derecho del trabajo", acotó.

En tanto, Daniel Carrasco señaló que "la situación es muy clara, estamos frente a una despiadada e impresentable persecución laboral y política del gobierno de la Presidenta Bachelet en contra de un grupo de funcionarios, cuyo único pecado es haber trabajado con la administración anterior".