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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 15:29
El Fiscal Nacional Sabas Chahuán, lidera el equipo de persecutores en el caso Penta.
El Mercurio (Archivo).SANTIAGO.- Una complicada semana es la que se espera para los políticos involucrados en el bullado caso Penta, cuyos fiscales ya habrían definido quiénes serán formalizados y quienes no en el marco de la investigación.
Hace dos semanas el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, anunció que el día después de su última cuenta pública, realizada el miércoles pasado en Santiago, definiría quiénes serían los que por la gravedad de los antecedentes que hay en su contra serían citados al tribunal de garantía que lleva la causa.
Según ha trascendido, entre los nombres que están en la carpeta investigativa y que serían candidatos a ser formalizados son Jovino Novoa, Pablo Zalaquett, el senador Iván Moreira y el diputado Felipe de Mussy. Todos de la UDI, quienes ya se han presentado ante los persecutores.
En el caso de Jovino Novoa, quien acudió en la tarde del 23 de marzo pasado a la Fiscalía Nacional, donde tras estar por pocos minutos no prestó declaración, haciendo uso de su derecho a guardar silencio.
En la oportunidad, el ex senador y ex presidente de la UDI, leyó una declaración en la que acusó a la Fiscalía de "mediatizar" el caso y que se ha creado un "ambiente acusatorio anticipado", asegurando además que "estamos ante una investigación ideológicamente falsa".
En tanto, el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, ya declaró como imputado en dos ocasiones y en el caso del senador Iván Moreira, ha reconocido que existieron irregularidades en la emisión de boletas, pero descartó que éstas fueran de orden penal, sino más bien electoral.
El senador por Los Lagos declaró por segunda vez el 27 de marzo, el mismo día en que lo hizo el diputado por la misma región, Felipe de Mussy.
Hasta ahora la Fiscalía no ha aclarado quiénes serán, en definitiva, los que deberán acudir ante el equipo de fiscales liderado por Chahuán, así como las medidas cautelares que solicitarán, aunque trascendió que, en primera instancia, no serían tan gravosas como la prisión preventiva.
Lo anterior es clave, ya que los políticos en ejercicio podrían ser objeto de un juicio de desafuero, dependiendo de la medida cautelar que el Ministerio Público solicite en su contra, lo que dejaría al parlamentario en un mal pie no sólo el lo jurídico, sino que también en lo político.
