SANTIAGO.- Debido a las objeciones a la transparencia en el proceso de licitación de la plataforma tecnológica del Registro Civil, el gobierno decidió pedir la renuncia del director nacional del servicio, Guillermo Arenas, y a los cuatro subdirectores.

El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien, tras analizar el tema con la Presidenta Michelle Bachelet en el comité político, sostuvo que el Ejecutivo debe garantizar a la nación "la transparencia y la rigurosidad" en procesos de esta envergadura, donde hay una gran cantidad de recursos involucrados.

Añadió que la garantía de transparencia "resultó lesionada" a raíz de los antecedentes y denuncias que se han recibido en los últimos días respecto del mencionado proceso.

El secretario de Estado aseguró que el gobierno se encuentra recabando los antecedentes necesarios para determinar si este caso amerita ser llevado ante la Justicia.

"Hasta el momento lo que hemos podido apreciar es que hay argumentos suficientes para considerar que se ha resquebrajado la confianza pública y eso motiva esta decisión que les he comunicado. Si además los antecedentes ameritan una presentación ante la justicia se hará sin ninguna duda al Ministerio Público, que el encargado de investigar si hubiere algún ilícito, no quiero afirmarlo ni negarlo hoy, porque eso es un antecedente que tendrá que investigar quien corresponda", afirmó.

Informó además que en calidad de director interino del Registro Civil asumirá el ingeniero Luis Fuentes y los demás cargos se elegirán a partir de hoy mediante el sistema de Alta Dirección Pública.

Ayer, el servicio había decidido congelar el proceso de licitación, mientras se revisa acuciosamente el caso.

Las irregularidades se habría producido en la adjudicación de un contrato por US$ 66 millones a la empresa india Tata Consultancy Service BPO Chile S.A. El principal asesor de Guillermo Arenas, Andrés Contardo, prestó servicios para dicha firma internacional hasta fines del año pasado, lo que atentaba contra la imparcialidad del proceso.

Otro de los cuestionamientos fueron las denuncias de algunos empresarios, quienes afirmaron que fueron visitados por funcionarios del organismo que presuntamente les habrían pedido el pago de coimas.