Comisión Interamericana de DD.HH. establece que el Estado debe reparar a jueza Karen Atala

SANTIAGO.- "La CIDH concluye que el Estado de Chile violó el derecho de Karen Atala a vivir libre de discriminación".

Así de categórico fue el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que la jueza fue discriminada y que atentaron contra su derecho de vivir en familia, luego de que le quitaran la tuición de sus hijas por su condición de lesbiana.

"Lo que implica (el fallo) es que ahora el Estado debe responder cómo va a dar cumplimiento a las recomendaciones. Cómo va a reparar a Karen y a sus hijas y qué medidas va a tomar en materia de legislación, de políticas públicas, de programas y directivas para acabar con la discriminación por orientación sexual", explicó a Emol la abogada de la Corporación Humanas que representó a la jueza, Elena Olea.

En ese sentido, explicó que el Estado deberá presentar su propuesta de reparación ante la Comisión, la cual decidirá si la acepta o no. "En caso de rechazarla, el organismo tiene las facultades para demandar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", recalcó. 

Respecto a la reparación de la jueza, la abogada precisó que ésta radica especialmente en un monto de dinero que aún no está establecido, ya que es el primer caso de discriminación por orientación sexual, por ende no existen antecedentes sobre esta materia.

Asimismo, recalcó que la reparación no implica que la jueza pueda retomar la tuición de sus hijas, pues ella ya renunció a ésta por el bien de ellas.

“Karen renunció a recuperar la tuición de sus hijas y en esa medida estamos hablando de reparar un daño irreparable y esos se reparan con un monto de dinero por el daño moral causado y con otras medidas de rehabilitación o flexibilizar el régimen de visitas”, dijo Olea.

Según la abogada, lo anterior se debe a que el fallo de la Corte Suprema fue muy tajante cuando dijo que Karen optó por su relación de pareja con una mujer lesbiana y "al haber optado por eso, antepuso sus propios intereses a los de sus hijas y eso es claramente discriminatorio".

La denuncia ante la CIDH fue presentada en noviembre de 2004 , por la Corporación Humanas, el Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales y Libertades Públicas Asociación Gremial, alegando violación de varios derechos y exigiendo reformas legislativas y políticas públicas para evitar nuevos casos.