Estado chileno recurre a la justicia por escándalo de pagos

El Consejo de Defensa del Estado, que opera como una fiscalía pública, presentó denuncias ante los tribunales, para que determinen posible responsabilidad penal en la entrega de dinero a funcionarios que dejaron sus puestos en marzo del 2000, cuando asumió el gobierno del socialista Ricardo Lagos.

16 de Abril de 2013 | 14:42 | Reuters
SANTIAGO.- El estado chileno optó el miércoles porque sea la justicia la que aclare un escándalo surgido a raíz del pago de compensaciones millonarias a ex ejecutivos de empresas estatales. El Consejo de Defensa del Estado, que opera como una fiscalía pública, presentó denuncias ante los tribunales, para que determinen posible responsabilidad penal en la entrega de dinero a funcionarios que dejaron sus puestos en marzo del 2000, cuando asumió el gobierno del socialista Ricardo Lagos. "A juicio del Consejo hay elementos en que hay que aplicar la ley. Es exactamente lo que dije cuando comenzó este proceso, la transparencia ante todo", dijo Lagos, quien aprobó la decisión del organismo que actúa como un ente autónomo del gobierno. El requerimiento judicial no fue presentado directamente contra personas, sino que pide investigar la eventual existencia de delito en los pagos. El escándalo de las indemnizaciones, que superan por mucho las compensaciones legales por despido, le estalló en las manos a Lagos a mediados de septiembre, siendo la peor crisis política que ha debido enfrentar en sus ocho meses de mandato. La primera estrategia de Lagos, que sucedió en marzo a su socio de coalición, Eduardo Frei, fue publicar una lista completa de 59 funcionarios que habían recibido, en conjunto, unos seis millones de dólares tras abandonar sus puestos. Muchos de ellos ejercen ahora otras funciones en el gobierno y Lagos exigió que devolvieran todo lo recibido o que dejaran sus puestos. Catorce funcionarios reembolsaron las sumas de dinero, y otros seis optaron por renunciar. El otro camino seguido por el mandatario fue pedir al Consejo de Defensa que investigara probables irregularidades. El análisis de los antecedentes llevó al organismo estatal a recurrir ante la justicia, tal como había amenazado la oposición a principios de esta semana. "Los capítulos no se cierran. No tengo interés de que se cierre nada", comentó Lagos el miércoles a periodistas. Si los tribunales determinan que hubo delito en los pagos, se podrían iniciar acciones penales contra ex altos ejecutivos de firmas públicas, como Correos de Chile y la petrolera Enap. Minutos después que la presentación judicial ingresara al juzgado, en la Cámara de Diputados empezó a sesionar una comisión investigadora que analiza el caso y sus posibles implicancias legales. Los primeros en declarar fueron los ministros del Interior, Jos D Miguel Insulza, y de Economía, José de Gregorio. El titula de Economía desmintió informaciones que lo acusaban de haber conocido y suscrito las indemnizaciones previo a que estallara el escándalo. "Yo no he firmado nada", remarcó De Gregorio. Tanto De Gregorio como el secretario general de la Presidencia, Alvaro García, han quedado en entredicho con el escándalo, dado que sus respectivos padres están acusados de protagonizar los pagos irregulares. Las denuncias han caído como un balde de agua fría para la coalición gobernante de centroizquierda, Concertación, que enfrentará el 29 de octubre la primera prueba electoral de esta administración: las elecciones municipales.
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