Socialistas no aceptan plebiscitar DD.HH.

El presidente del PS, senador Ricardo Núñez, dijo que en el pleno del comité central del partido se acordó rechazar cualquier iniciativa política -como lo propone la derecha- para solucionar el tema, ratificando así que la posición de los socialistas continuará siendo "la búsqueda de la verdad y la justicia".

14 de Marzo de 2001 | 12:56 | Agencias
SANTIAGO.- Su total rechazo a un plebiscito para solucionar los problemas de derechos humanos, manifestó hoy el Partido Socialista (PS), ya que considera que una iniciativa de dicha naturaleza constituirá un acuerdo político, al cual la colectividad "jamás se sumará".

El presidente del PS, senador Ricardo Núñez, dijo que en el pleno del comité central del partido -donde se definió la propuesta sobre derechos humanos- se acordó rechazar cualquier iniciativa política -como lo propone la derecha- para solucionar el tema, ratificando así que la posición de los socialistas continuará siendo "la búsqueda de la verdad y la justicia".

Núñez dijo que "no se pueden plebiscitar los derechos individuales de las personas", debido a que "no se le puede decir a la gente que borre el pasado y olvide lo que paso".

Indicó además que experiencias como están en otros países han "fracasado", como en Uruguay, "donde después de 15 años está siendo cuestionado por la mayoría del pueblo e incluso por gente de la derecha".

El dirigente dijo que un plebiscito además negaría el derecho constitucional de las personas a recurrir a los tribunales de justicia y exigir que se investiguen las violaciones a los derechos humanos.

Al respecto reiteró que la posición del PS es respaldar a todas las personas que consideran que fueron víctimas de torturas, por lo cual, han decidido presentar querellas.

Núñez afirmó que "en el Partido Socialista hay muchos compañeros que fueron víctimas de torturas atroces, mujeres fueron violadas, y muchos socialistas se suicidaron después de ser torturados, por lo cual, desde el punto de vista moral no hay nadie que pueda impedirles ir a la justicia".

El dirigente aseguró que la posición del partido frente al tema de la tortura es la que da a conocer la mesa de la colectividad, es decir que tienen derecho a presentar querellas. Sin embargo, dijo que cualquier militantes de la colectividad, incluído el ministro del Interior, José Miguel Insulza, tiene derecho a dar a conocer su opinión frente al tema.

Indicó que frente a esta materia el comité central acordó promover un gran acuerdo nacional que implique que todos los partidos políticos sin excepción y las organizaciones locales relevantes, en contra de la tortura y realizar un encuentro de caracter internacional con relación a los aspectos jurídicos, sociales y sicológicos que tal crimen implica.

El presidente del PS señaló que paralelo a esto el comité acordó promover publicamente que "el decreto de ley de Amnistía de 1978 ha quedado anulado en sus efectos por las convenciones de derechos humanos suscritas desde 1948 por Chile como por el Estado actual".

Núñez señaló que la propuesta del PS frente al tema de los derechos humanos también contempla una serie de proyectos de ley, de los cuales algunos se encuentran en trámite en el parlamento.

Indicó que el objetivo es que el gobierno le de caracter de suma urgencia a las normativas que establecen la investigación de los jueces en recintos militares; la eliminación del auditor del Ejército como integrantes de la Corte Suprema (actualmente en el Senado); y los convenios sobre Tribunal Penal Internacional, sobre desaparecimiento forzado de personas y sobre la imprescriptibilidad de crímenes contra la humanidad.

A estas iniciativas se suman establecer que los jueces del crimen se dediquen exclusivamente al conocimiento de casos de derechos humanos sin estar constreñidos a plazo legal alguno, y otorgar el máximo de recursos al Instituto Médico Legal y a la Policía de Investigaciones para el desarrollo de las investigaciones. Cabe recordar que ambas propuestas ya cuentan con el respaldo del gobierno.

Los socialistas, según afirmó Núñez, también acordaron proponer que se cree una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma del gobierno, y mientras tanto se aumenten considerablemente los recursos a la Corporación de Reparación, a fin que pueda en forma adecuada atender jurídica y socialmente a las víctimas.
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