Reacciones ante gestiones de presidente de la Suprema en España

Mientras Pamela Pereira manifestó que "no corresponde", el abogado defensor del senador vitalicio, Pablo Rodríguez, adhirió a las gestiones que el presidente del Máximo Tribunal, Hernán Alvarez, realiza en el país ibérico", para alivianar las presiones judiciales de 36 ex funcionarios del gobierno militar.

05 de Junio de 2001 | 11:45 | Juan Carlos Muñoz, Fernando Mas, emol.com
SANTIAGO.- La abogada de derechos humanos, Pamela Pereira, manifestó hoy que "no corresponde al presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, hacer gestiones en España", para alivianar las presiones judiciales de 36 ex funcionarios del gobierno militar, quienes no pueden abandonar el país por temor a ser detenidos por el juez español Baltazar Garzón, quien investiga violaciones a los derechos humanos en Chile y Argentina.

Así se manifestó la jurista ante las gestiones del presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, quien volvió a insistir ayer, en España, en que es la justicia chilena la que debe juzgar los casos de terrorismo y torturas producidos bajo el gobierno militar y no los tribunales de otros países.

El abogado defensor del senador vitalicio Pablo Rodríguez adhirió a las gestiones que el presidente del Máximo Tribunal realiza en el país ibérico en el marco de la gira del Presidente Ricardo Lagos y afirmó que "adhiero a todas las gestiones que esté realizando el presidente de la Corte Suprema porque los delitos que se cometieron en Chile se deben juzgar en Chile.

Alvarez en España

Alvarez, que se entrevistó ayer durante más de media hora con Jesús Cardenal, fiscal general de España y adversario ideológico del juez Baltasar Garzón, declaró que no era posible que dos tribunales diferentes, en dos países, se ocuparan de los mismos delitos y los mismos acusados.

En España, agregó, "hay un juez investigando determinados delitos o hechos que ya se están enjuiciando en Chile".

Alvarez agregó que en este contexto los tribunales de uno de los dos países son incompetentes, y que a su juicio, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución chilena, son los tribunales nacionales los únicos llamados a juzgar crímenes ocurridos en territorio chileno.

Hace unos días, durante un congreso internacional de juristas en Tenerife (Islas Canarias), Hernán Alvarez criticó abiertamente a Garzón acusándole de "intrusión" en los asuntos que ocupan a la justicia chilena.

Sin embargo, para Garzón la situación no ha variado: en un auto que lleva fecha del 30 de mayo y cuyo texto se conoció este lunes, el juez de la Audiencia Nacional desestimó el recurso del fiscal y confirmó la orden de prisión incondicional contra el ex comandante en jefe de la II División del Ejército de Chile, Herman Brady Roche.

Este fue jefe de la guarnición de Santiago y ministro de Defensa del gobierno de Pinochet.

La decisión de Garzón es la pieza separada número tres, titulada "Operativo Cóndor", del sumario conocido como "Terrorismo y genocidio", que dio lugar a la persecución de Pinochet en 1998, cuando Garzón consiguió retenerle en Londres.

El auto admite a trámite la querella contra Brady Roche por los "presuntos delitos de genocidio, terrorismo y tortura"; decreta su prisión "provisional incondicional y comunicada"; y ordena que se libren órdenes de busca y captura internacionales contra él "con carácter general y especialmente para Alemania, donde al parecer estaría residiendo temporalmente el imputado con identidad falsa".

La fiscalía, reiterando una tesis que sostiene desde 1998, se opuso en su día (14 de mayo) a estas decisiones del juez por entender que carece de jurisdicción.

El juez alega en esta ocasión que, por otra parte, carece de mérito la alegación de la fiscalía porque Brady no está comprendido en la causa que se sigue en Chile contra Pinochet, porque "sólo existe una causa abierta contra el Sr. Pinochet Ugarte, conocida como Caravana de la Muerte, en la que a éste se le haya retirado la inmunidad".

"No se está investigando absolutamente nada respecto de Brady Roche", afirma el auto de Garzón, que agrega que tampoco existe hasta hoy "procedimiento alguno abierto en Chile respecto de la muerte violenta de (funcionario internacional de nacionalidad española) Carmelo Soria".

La Visión de los Ministros

Las gestiones del presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, en España no fueron recibidas con una visión consensual por sus pares en Chile.

Si bien los ministros optaron ayer por no celebrar ni cuestionar públicamente las actividades del máximo representante del Poder Judicial, en conversaciones de pasillo y en la antesala del pleno de juramento de nuevos abogados realizado ayer se comentó lo ocurrido.

Para algunos magistrados, lo señalado por Alvarez no debe sorprender, puesto que cuando por vía jurisdiccional los tribunales chilenos han debido manifestar opinión acerca de la pretensión española de competencia en las causas por hechos ocurridos en Chile, la respuesta a Madrid ha sido clara: las causas se llevan en Chile.

Quienes sostienen esa posición señalan que Alvarez se ha limitado a expresar una visión generalizada de la justicia chilena, que ya su antecesor, Roberto Dávila, fallecido el año pasado, manifestó en los discursos de inauguración del año judicial, solicitando expresamente la libertad del senador vitalicio Augusto Pinochet, que se encontraba detenido en Londres a petición del juez español Baltasar Garzón.

Pero hubo visiones distintas. Otros ministros enfatizaron que el asunto jamás se discutió en el pleno, que es la máxima instancia judicial, y que todas las actuaciones de Alvarez en ese tema son individuales.

Asimismo, algunos ministros manifestaron su extrañeza en la posición planteada por el magistrado, debido a que su viaje a España tenía dos propósitos: la cumbre de presidentes de Cortes Supremas, que ya concluyó, y su intervención en la comitiva presidencial.

En consecuencia, esos magistrados estimaron que el presidente de la Corte Suprema debería cumplir actividades propias de la agenda de la comitiva. Señalaron esos ministros, reservadamente, que comprenderían la actuación del ministro si esa fuera una de las misiones de la comitiva. Pero insistieron en que aún así no se trata de gestiones realizadas a nombre de la Corte Suprema.
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