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Gobierno no ha enviado oficios ni dinero para jueces especiales de DD.HH.

El presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, aseguró que el Ejecutivo no ha enviado el oficio solicitando la designación de jueces especiales para investigar casos de violaciones a los derechos humanos, "ni tampoco los recursos, que son muy importantes", señaló.

12 de Junio de 2001 | 17:13 | Juan Carlos Muñoz, Agencias
SANTIAGO.- El presidente de la Corte Suprema Hernán Alvarez informó que el gobierno no ha enviado a manos del Poder Judicial los recursos económicos, ni el oficio correspondiente, solicitando la designación de ministros especiales para investigar casos de detenidos desaparecidos y de violaciones a los derechos humanos ocurridos.

El magistrado dijo que se está trabajando anticipadamente en la materia, pero que "no ha llegado ningún oficio. La eventual designación de jueces con dedicación exclusiva esta evidentemente complementada con la designación de recursos, que son muy importantes pero que no han llegado", afirmó.

Alvarez calificó su viaje de más de 15 días por España como "muy positivo" y explicó que estuvo dividido en dos fases; una donde asistió a un congreso iberoamericano de presidentes de Cortes Supremas y otra donde acompañó al Presidente Lagos en su visita oficial al país europeo.

El magistrado destacó que en Madrid tienen un buen concepto de lo que se hace en Chile con respecto a materias de derechos humanos.

Alvarez desmintió haber realizado en España algún tipo de gestión en favor de 36 ex colaboradores del gobierno militar, que tienen órdenes de aprensión internacional. El magistrado calificó de "falsas" esas versiones.

"Todas las informaciones relacionadas con presuntas gestiones que yo he realizado, son absolutamente falsas. No es mi misión ni mi función hacer ese tipo de gestiones. Yo hice otro tipo de planteamiento que son de público conocimiento", aseveró.

En declaraciones hechas la semana pasada desde ese país al diario "El Mercurio", el magistrado calificó de "inaceptables" las decisiones judiciales españolas de dictar órdenes de arresto en contra de ciudadanos chilenos, como lo ocurrido con Pinochet en Londres en 1998.

Asimismo, en esa ocasión sostuvo que buscaba revertir esas órdenes por lo que se reuniría con su símil español, el ministro Javier Delgado Barrio.

Entre los afectados por la resolución del juez Garzón se encuentran los ex ministros Sergio Onofre Jarpa, Sergio Fernández Mónica Madariaga, los ex integrantes de la Junta Militar, Fernando Matthei, César Raúl Benavides, Santiago Sinclair y Rodolfo Stange, y los oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Sergio Arellano, Hugo Salas, Fernando Torres Silva, Jaime Lepe y Alvaro Corbalán.
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