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Santiago: Viernes 19 de abril del 2024 | Actualizado 01:32
WASHINGTON.- Los países de América Latina y el Caribe han adaptado gradualmente sus legislaciones sobre los derechos de las mujeres, pero en muchos casos falla la aplicación de esas leyes y falta la protección para las víctimas, afirmaron expertas.
Las expertas participaron en una conferencia sobre “Derechos humanos, violencia contra las mujeres y acceso a la Justicia” en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Es esencial que se reconozca el vínculo entre la violencia y la discriminación,” afirmó Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"El derecho a ser libre de la violencia incluye el derecho a ser libre de la discriminación,” agregó.
Las expertas analizaron el camino recorrido desde que en 1994 se aprobó una Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, y señalaron que 15 años después de su entrada en vigencia “poco se ha avanzado en la aplicación de sus disposiciones.”
Laura Turquet, de la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, señaló que “las mujeres en todo el mundo están usando los tribunales para obtener justicia para sí mismas y para todas las féminas.”
Turquet, autora del estudio “El progreso de las mujeres en el mundo, 2011 - En busca de la justicia,” mencionó el caso de María da Penha, una brasileña que quedó parapléjica después de los ataques de su esposo, que intentó matarla dos veces.
La CIDH criticó al Gobierno de Brasil porque no había cumplido con su obligación de defender y proteger a las mujeres víctimas de la violencia doméstica y en 2006 el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley que incrementó los castigos para quienes abusan de las mujeres y estableció tribunales especiales para estos casos.
Turquet se refirió luego a la situación en Ciudad Juárez, México, donde centenares de mujeres, en su mayoría jóvenes y pobres, “han sido secuestradas, sujetas a terribles violencias sexuales y asesinadas.”
"La violencia contra las mujeres es parte de una violencia sistémica que se sustenta en el género, el nivel socioeconómico, y la Corte ha reclamado que el Gobierno de México ofrezca compensación efectiva y trabaje para eliminar la discriminación por género,” añadió.
La mayoría de los países de América Latina cuenta con leyes contra la violencia doméstica, lo cual, según Turquet, representa un cambio enorme en relación a décadas anteriores “cuando se consideraba que la violencia doméstica era un asunto privado y el acoso sexual se consideraba como parte normal en la vida de las trabajadoras.”
"Al menos 13 países de América Latina tienen ’comisarías de la mujer’ (estaciones policiales dotadas de personal femenino), pero el que haya policías mujeres no es una garantía automática,” agregó.
"Se necesita que estas policías estén bien capacitadas, y cuenten con recursos y remuneraciones decentes.” RoseMary Madden, del Instituto Interamericano de Derechos humanos, dijo que su organización ha estado trabajando en la elaboración de instrumentos para la medición, evaluación y análisis de la aplicación de las leyes nacionales y la convención regional en el combate de la violencia contra las mujeres.
"Ese instrumento es de utilidad política, principalmente para el movimiento feminista y para las mujeres,” añadió. Madden explicó que, en algunos países, han surgido interrogantes sobre la validez de las leyes promulgadas para la protección de las mujeres.
"En Guatemala, por ejemplo, la ley sobre violencia contra las mujeres encara un recurso por inconstitucionalidad” con el argumento de que las protecciones específicas para las mujeres violan la igualdad ante la ley que debería corresponder a todas las personas.
"Estas objeciones desconocen la desigualdad tradicional en poder que ha existido entre hombres y mujeres,” aseguró. “Los agresores buscan eliminar esas leyes. "La definición de mujeres libres es: mujeres sanas y libres de violencia,” sostuvo Madden.
