CIDH ordena resguardar vida de joven salvadoreña que requiere aborto

La joven sufre de lupus e insuficiencia renal y su bebé tiene anencefalia. Corte da visto bueno para que se practique el aborto.

AFP
Ju. 30 de mayo de 2013, 15:59
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SAN JOSE. - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a El Salvador adoptar medidas urgentes para proteger la vida de la joven salvadoreña enferma de lupus, a quien la justicia de su país negó que se le practique un aborto terapéutico.

En su primera resolución sobre un caso de aborto, la Corte, con sede en San José, ordenó al Estado de El Salvador "que adopte y garantice, de manera urgente, todas las medidas que sean necesarias y efectivas" para salvaguardar la vida de la joven, identificada como Beatriz.

"Debido a las condiciones de salud de la madre, este embarazo atenta contra su vida, hecho que amerita que se tomen medidas extremas y urgentes para salvaguardar su salud", subrayó el texto.

El miércoles, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña rechazó la solicitud de Beatriz (nombre ficticio utilizado para proteger su identidad) para abortar, por considerar que su vida no corre peligro.

El tribunal interamericano emitió su resolución al acoger la solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 27 de mayo.

Beatriz es madre de un niño de dos años y tiene 25 semanas de embarazo, pero recientemente fue diagnosticada con lupus eritematoso discoide, una enfermedad que debilita el sistema inmunológico, por lo que, según sus médicos, su estado pone en riesgo su vida.

Los análisis efectuados a Beatriz por sus médicos han determinado que el feto padece anencefalia, una ausencia total o parcial del cerebro, y que por tanto éste moriría al nacer.

No obstante, la Sala afirmó que tras una serie de pruebas, que incluyeron un peritaje efectuado a Beatriz por el Instituto de Medicina Legal y el estudio de los informes médicos que se le practicaron en el hospital de Maternidad, se concluyó que "no existe la vulneración de derechos a la salud y vida alegadas". Pero la Corte determinó que "el Estado deberá adoptar las providencias necesarias para que la señora B. sea atendida por médicos de su elección".

El tribunal destacó que el Estado "está obligado a garantizar que el equipo médico tratante tenga la protección que corresponda para ejercer plenamente su función de acuerdo a las decisiones que, basadas en la ciencia médica, dicho equipo médico adopte".