Foto: Jaime Bascur
Familiares exigen al fisco $8 mil 700 millones por los daños causado. "Estamos en juicio, se demandó, pero lastimosamente este tema se puede eternizar", señala el abogado patrocinante Alfredo
SANTIAGO.- La tragedia ocurrida la mañana del martes 27 de febrero de 2008 en Peñalolén parece no tener fin. Sobrevivientes y familiares de las 13 víctimas que perdieron la vida tras la caída de una avioneta piloteada por agentes de Carabineros, no se quedaron de brazos cruzados y durante el año pasado buscaron representación legal para interponer una millonaria demanda en contra del Fisco.
Aún embargados por el dolor, y tras sesiones de recuperación psicológica brindadas por la municipalidad, familiares de las fallecidas Sandra Garretón y Celia Borcosque, además de otros 16 lesionados se pusieron en contacto con el abogado Alfredo Morgado y presentaron un requerimiento por daños morales y materiales contra el Estado por $7 mil 600 millones de pesos.
A la causa también se sumó los deudos de Ramona Espinoza (72), quienes por intermedio del abogado Edgardo Reinoso, presentaron otra demanda contra el Fisco exigiendo $1.100 millones de pesos.
Asimismo, los familiares de Ana Elizabeth Álvarez (25), quien murió junto a su hija Elizabeth Molina Álvarez (4), buscaron ayuda en el abogado y ex ministro de Justicia Isidro Solís, pero aún no presentan una demanda en espera de las investigaciones técnicas.
Maniobra Inadecuada
"La responsabilidad del Estado emana de que la avioneta Cessna está a cargo de la prefectura policial de Carabineros de Chile", sostiene Morgado junto con puntualizar que los afectados "no tenían ninguna obligación de soportar este riesgo y menos los perjuicios".
A lo anterior -señala Morgado- se suma el hecho de que la nave "era piloteada en una misión establecida por la misma prefectura, por un piloto que era funcionario de Carabineros, en un procedimiento de instrucción y perfeccionamiento", lo que plantea un escenario con "dos juicios de investigación penal que lleva la Fiscalía de Aviación, que se encuentran pendientes".
Tras el accidente, la Dirección General de Aeronaútica Civil determinó que hubo una "maniobra inadecuada" por parte del piloto de la nave, teniente Luciano Castro, cuya licencia de piloto le había sido entregada sólo 14 días antes del accidente.
Además, durante esa jornada la avioneta era utilizada para un curso de instrucción al teniente Sebastián Rodríguez, quien iba de copiloto en compañía de cuatro estudiantes de mecánica aeronaútica.
El abogado enfatiza que "acá hay una doble situación, una falla mecánica del magneto y una falla humana", pues el piloto realizó "una maniobra de viraje a la izquierda tras el despegue, pese a que lo aconsejable es que hubiese seguido una maniobra de montada".
El abogado advierte que el juicio "podría tardar entre ocho y diez años", opinión compartida por los familiares de las víctimas, que también ven con preocupación la falta de celeridad en el proceso.
Audiencia con Michelle Bachelet
Buscando acelerar los procesos judiciales, los familiares de las víctimas se reunieron durante esta semana con Morgado para plantearle otros temas que impiden la total reparación del daño causado tras la tragedia.
Entre estos aspectos se encuentra la promesa que se les hizo a los heridos en relación a cremas y tratamientos quirúrgicos necesarios en caso de quemaduras y lesiones graves.
Tras esa reunión, el profesional se comprometió a solicitar una audiencia formal con la Presidenta Michelle Bachelet para manifestarle la molestia de los afectados, y para tratar de lograr un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado, organismo que representa al Estado ante las demandas.
Además, el abogado aprovechó de informar que para este viernes 27 de marzo, cuando se se cumple el primer aniversario de la tragedia, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes realizarán una marcha a La Moneda para denunciar "que no están recibiendo sus medicamentos como corresponde".
En la sombra del caso Bernales
La lentitud con la que ha sido llevado el proceso hace que Alfredo Morgado compare esta situación con los procedimientos efectuados por el Gobierno tras el accidente en Panamá que le costó la vida al ex General Director de Carabineros, Alejandro Bernales.
El abogado recuerda que en aquella ocasión fue "el propio gobierno quien se preocupó de formar una mesa de diálogo, instó a altos niveles gubernamentales e incluso a la subsecretaría de Carabineros a formar una instancia de diálogo, discusión y satisfacción por los perjuicios ocasionados en Panamá".
"En cambio, cuando se trata de agentes nacionales, responsabilidades que afectan a conciudadanos, resulta que tiene que recurrirse a un tribunal de justicia con una perspectiva de ocho a diez años", critica el profesional.
Finalmente, Morgado asegura que sus representados han planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo, generar una mesa de conversación para llegar a una transacción en el tema, pero eso depende exclusivamente de la voluntad del Consejo de Defensa del Estado.
