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La opinión de la Corona

Los miembros de la Corte arbitral visitaron la zona de conflicto antes de tomar una determinación.

Como una primera medida, el árbitro designó una Corte para que estudiara el problema y emitiera un dictamen sobre el conflicto. Dicho tribunal se conformó con cinco juristas que Chile y Argentina habían escogido de entre los miembros de la Corte Internacional de Justicia, quienes fueron expresamente autorizados por el Tribunal de la Haya para actuar como jueces.

La Corte Arbitral tenía como misión redactar una “Decisión” que debía incluir el trazado de la línea del límite en una carta, resolver definitivamente cada punto en disputa y establecer las razones en que se fundaba. Dicha resolución debía además, indicar quién, en qué forma y dentro de qué plazo debía cumplirla.

En septiembre de 1976 se iniciaron los alegatos orales, en dos ruedas consecutivas. Concluidos éstos, la Corte solicitó a ambas Partes que hicieran observaciones adicionales. Con esta última etapa, que se completó el 16 de noviembre del mismo año, concluyó el procedimiento previo a la resolución.

Poco tiempo después la corte inició sus deliberaciones y emitió su “Decisión” en Ginebra, el 18 de febrero de 1977, señalando que ésta se había adoptado por la unanimidad de sus miembros.

Dos meses más tarde, en su corte de Saint James, Su Majestad la Reina Isabel II, en nombre de su Gobierno para el Reino Unido, emitió una “Declaración” en la que ratificaba la aludida “Decisión”, y manifestó que ésta constituía la respectiva “Sentencia”, conforme al Tratado de 1902.

Este laudo real fue notificado a los Jefes de las Misiones Diplomáticas de Chile y Argentina el 2 de mayo de 1977.

Inmediatamente conocido el laudo arbitral, el Gobierno Chileno respondió a la Reina Isabel con una breve nota de agradecimiento.

El mismo día, el Gobierno de Chile emitió una declaración y el entonces Presidente de la República, general Augusto Pinochet, envió un mensaje a la Reina en el que expresó, “en nombre del Gobierno y el pueblo de Chile, nuestro profundo reconocimiento por esa valiosa cooperación”.

Argentina no emitió un pronunciamiento inmediato, reacción que provocó una inquietud en las autoridades chilenas. El gobierno argentino mantuvo su silencio aún en el extenso encuentro que el 19 de Enero de 1978 sostuvieron Pinochet y su par Jorge Videla en la Base Aérea Plumerillo, en la ciudad de Mendoza, con el fin de manifestar la voluntad de ambos gobiernos de buscar fórmulas que posibilitaran la negociación en torno al diferendo.

El 25 de enero de 1978, nueve meses después de conocido el Laudo, el Gobierno de Argentina hizo saber a la opinión pública nacional e internacional, a través de una declaración del Ministro de Relaciones Exteriores, Vicealmirante Oscar Antonio Montes, que decretaba “insanablemente nulo” el laudo arbitral sobre la cuestión del Beagle.

En la declaración sostenía que “nuestra tradición política de respeto por los compromisos internacionales no equivalía a permitir que una decisión de terceros vulnerase derechos soberanos e intereses permanentes argentinos jamás sometidos a la decisión de árbitro alguno”.

“El Laudo arbitral los vulnera; su nulidad manifiesta basada en el exceso de poder y los errores que contiene; la violación de las reglas jurídicas esenciales en que ha incurrido el Tribunal Arbitral, tanto en materia de fondo como de procedimiento, hacen que el gobierno argentino considere que no está obligado a su cumplimiento”, agregó el texto.

La determinación de Argentina creó en Chile un ambiente de pesimismo respecto del arreglo definitivo de la controversia, que en ese momento mostraba como destino final el enfrentamiento bélico.

El 26 de enero de 1978, el gobierno chileno, a través del ministro de Relaciones Exteriores, vicealmirante Patricio Carvajal, emitió un comunicado de respuesta, en el que sostenía que el fallo arbitral, “de conformidad con los referidos instrumentos y el derecho aplicable, es legalmente obligatorio desde el momento de su notificación, acto solemne que el árbitro efectuó el 2 de mayo de 1977. Además conforme al Tratado de 1902 es inapelable y su cumplimiento está confiado al honor de las dos naciones signatarias”.

Asimismo, recalcó que la declaración unilateral de nulidad, como la efectuada por el Gobierno argentino, era “contraria al derecho internacional y a los tratados que vinculan a Chile y a dicha República”.

No obstante ello, manifestó su estricta adhesión a la solución pacífica de las controversias internacionales y a su “acendrado respecto a los tratados vigentes”.

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