Río Puelo, Región de Los Lagos
El Mercurio
SANTIAGO.- A casi tres años de interpuesta la primera denuncia en contra de la construcción del camino que conduce a las obras de la
hidroeléctrica Central de Pasada Mediterráneo el fiscal de la división de sanción y cumplimiento de la SMA, Camilo Orchard Rieiro, realizó cargos por elusión de proceso de calificación ambiental, en contra de la sociedad Inversiones y Rentas Los Andes (IRLA) que actualmente se encuentran ejecutando las obras del referido camino.
Según indicó el sitio web de la organización para proteger las cuencas de los ríos Puelo y Cochamó, PueloPatagonia.cl, el fiscal solicitó a la Superintendente de Medio Ambiente la adopción de medidas destinadas a detener su construcción.
El camino ya tiene 20 kilómetros construidos y se encuentra a una distancia de siete kilómetros de la bocatoma proyectada para la hidroeléctrica y a un kilómetro del punto de devolución de sus aguas.
"Pese a que sus propietarios han negado reiteradamente que el propósito de la senda sea la construcción de la central (Roberto Hagemann, socio de Mediterráneo, ha señalado que éste camino de millones de dólares es para generar conectividad con su fundo, eludiendo por esta vía su sometimiento a evaluación ambiental), la verdad es que sin éste camino de acceso el inicio de las obras es imposible, puesto que no existe otra vía de acceso", consigna la página.
La resolución (
ver aquí) del fiscal, que considera la infracción como "gravísima", se basa en que el camino debió ingresar a evaluación ambiental porque se emplaza en una zona de interés turístico, es decir en un área bajo protección oficial.
El presidente de la corporación, Rodrigo Condeza, valoró la resolución, pero lamentó "profundamente su retraso".
"El camino de IRLA ya ha provocado enormes daños al paisaje, al bosque y a la fauna debido a la tala, las tronaduras y al desmoronamiento de los taludes. Seguiremos trabajando para que los autores de los daños asuman su responsabilidad, reparen íntegramente el desastre ambiental ocasionado y, se respete en el futuro la vocación de desarrollo de estos territorios y sus comunidades en base a conductas amigables con el ambiente", señaló.
Los habitantes de Puelo acusan a Mediterráneo de haber abusado de su influencia en las autoridades para pavimentar la aprobación del proyecto, que se ratificó por el Comité de ministros de fecha 2 de noviembre último, "pese a que adolece de graves irregularidades, omisiones y deficiencias que no fueron resueltas durante el proceso de evaluación, y que aún hoy, continúan sin solución".
"Especialmente grave resulta ser que no se ha realizado el proceso de consulta indígena a que obliga la Resolución 169 de la OIT, aún cuando en el lugar habitan al menos 4 familias pertenecientes a nuestros pueblos originarios", acota.
La firma tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento u de 15 días hábiles para formular sus descargos respectivamente, ambos plazos contados desde la notificación.
