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Gobierno presenta reglamento de primer Mercado Nacional de Carbono: Los detalles de la medida para reducir emisiones

Se trata de un nuevo sistema de compensaciones, que permitirá dirigir recursos que se obtengan del impuesto verde a proyectos y soluciones sustentables. Actualmente se encuentra en consulta pública, la cual finaliza el 3 de septiembre.

08 de Agosto de 2021 | 13:23 | Por Ignacia Munita C., Emol
El Mercurio
El Ministerio de Medio Ambiente dio a conocer este jueves el reglamento que regulará el primer Mercado de Carbono en Chile, cuya consulta pública finaliza el 3 de septiembre, a fin de entrar en vigor en febrero de 2023.

Se trata de un instrumento económico que busca movilizar recursos del sector privado hacia proyectos que permitan adelantar la reducción de emisiones, acelerar la acción climática y así enfrentar la contaminación local.

La nueva propuesta busca reemplazar los criterios de afectación de la normativa actual – vigente de 2017 – que contempla impuestos a industrias que funcionan con calderas y/ o turbinas, cuya potencia térmica sea mayor o igual a 50 Mwt, para establecer que todas las empresas que emitan 25 mil toneladas de dióxido carbono al año, o 100 toneladas de material particulado al año, deban pagar impuestos verdes por sus emisiones.

Ello aumentaría la cantidad de sectores afectos al impuesto, incluyendo al sector siderúrgico, cementeras y las compañías de vidrios. Además, se proyecta que el 77% de la futura recaudación estimada será por emisiones de dióxido de carbono.

Según explicó la titular de la cartera, Carolina Schmidt, "se estableció que independientemente de cuál fuera la tecnología o la capacidad instalada que tuviera, todas las empresas que emitieren tienen que pagar el impuesto verde, tanto las empresas que emitieren por sobre 25 mil toneladas de CO2 o 100 toneladas de material particulado tenían que pagar todas este impuesto".

Además, este tributo tendrá que pagarse por cuatro contaminantes en específico, uno global, que sería el dióxido de carbono, y otros tres locales, que son el material particulado, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno

Asimismo, se determinó que las firmas podrán pagar dicho gravamen a través de mecanismos de compensación.

"¿Qué significa esto? que una empresa que está gravada con el impuesto verde y tiene que pagar porque tiene emisiones de CO2 o material particulado, puede terminar de pagar el impuesto directamente al Servicio de Impuestos Internos (SII), con lo cual esos recursos van todos a las necesidades generales del Estado o salud, educación, etcétera, o pagar el impuesto mediante la compra de certificados de proyectos para compensación", rescató la secretaria de Estado.

Esto se traduce en proyectos ambientales que buscan reducir emisiones, o diversas alternativas que impulsen sinergias virtuosas (costo – eficiente), y que otorguen un beneficio social y medio ambiental en la reducción de emisiones locales. "Esto permite reforzar el impacto medioambiental del impuesto verde mucho más allá de lo recaudatorio", dijo Schmidt.

"Una empresa que está gravada con el impuesto verde y tiene que pagar porque tiene emisiones de CO2 o material particulado, puede terminar de pagar el impuesto directamente al Servicio de Impuestos Internos (SII), con lo cual esos recursos van todos a las necesidades generales del Estado o salud, educación, etcétera, o pagar el impuesto mediante la compra de certificados de proyectos para compensación"

Ministra de Medio Ambiente
No obstante, el sistema de compensación corre solamente para proyectos que cumplan las condiciones territoriales. Esto quiere decir que si la fuente afecta está en Zona Saturada o Zona Latente, el proyecto de reducción también debe estarlo. Por el contrario, si la fuente afecta no se encuentra en alguna de las zonas anteriormente mencionadas, el proyecto de reducción debe estar en la misma comuna o comuna adyacente.

Vale mencionar que la compensación al impuesto verde se debe realizar por separado para cada uno de los cuatro contaminantes, mientras que el costo del impuesto verde es diferenciado según su impacto territorial.

"El impuesto verde se paga por todas las emisiones que la empresa realice, siempre entendiendo que tiene que haber reducido todas sus emisiones para dar cumplimiento a la normativa vigente donde esa empresa se encuentra", enfatizó la ministra.

Los proyectos verdes de compensación estarán sujetos a cuatro exigencias, entre ellas, demostrar que generan reducción de emisiones adicionales a las que existían previo a la ejecución de ese proyecto, que sean medibles, verificables y permanentes. Por otra parte, los criterios de sustentabilidad que deben cumplir tienen que tener una línea de base y creíble, trazabilidad y resguardar impactos no deseados.

Entre las obligaciones de las empresas estará describir cómo se relación o aportan a los compromisos establecidos en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), y no serán aprobados aquellos proyectos de reducción de emisiones que a su vez generen un aumento en las emisiones de otro contaminante afecto.

"El impuesto verde se paga por todas las emisiones que la empresa realice, siempre entendiendo que tiene que haber reducido todas sus emisiones para dar cumplimiento a la normativa vigente donde esa empresa se encuentra"

Ministra de Medio Ambiente
Tampoco se podrá compensar con actividades que cierren o deban cerrar por incumplimiento de la normativa aplicable o por término de su vida útil. Solamente se permitirá compensar material particulado por la fracción fina de su reducción.

El reglamento también establece un incentivo a proyectos de mediana escala y SbN para compensación de emisiones que otorga la posibilidad de que las compañías puedan agruparse y presentarse en forma conjunta, definiendo un representante ante la autoridad. Esto con el objetivo de abaratar costos y auditorías, a lo que se suma la disminución de la carga administrativa y los tiempos de evaluación.

En tanto, el procedimiento para certificar proyectos consta de tres etapas, la primera de evaluación, la segunda de verificación de reducciones producidas y la última de certificación y publicación en la plataforma, procesos que son ejecutados por la subsecretaría de Medio Ambiente y por la superintendencia de la misma cartera. De esta forma, la idea es crear un registro nacional de proyectos de compensación que sea de carácter público.

La idea es que contenga la trazabilidad completa del sistema, partiendo por proyectos aprobados y finalizando con las compensaciones materializadas.

Actualmente la normativa se encuentra en consulta ciudadana, la cual concluye el próximo 3 de septiembre, para avanzar hacia la elaboración de un proyecto definitivo y hacia finales de semestre sería presentado ante el consejo de ministros para la sustentabilidad. Ya para inicios del próximo año se espera que cuente con la firma del Presidente de la República y que sea aprobado por Contraría.
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