A partir de las 14:00 horas la Cámara de Diputados comenzará con la discusión de la Ley de Presupuesto 2025, tras el acuerdo entre el Gobierno y la oposición en la Comisión Especial Mixta que debatió el erario la semana pasada.
En concreto, se estableció una reducción del gasto del próximo año en US$600 millones -una beja del 2,6% al 2% del PIB en gasto- y se acordaron otros cuatro puntos centrales.
Entre estos puntos se encuentran la la asistencia técnica de un organismo internacional especializado, que pueda revisar y actualizar los modelos que busquen anticipar las entradas para el fisco; y que en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre de 2025, se actualizace la proyección de ingresos efectivos y estructurales del gobierno central.
Asimismo, en el acuerdo se incluye una recapitalización del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES); y el incluir, a partir de enero de 2025, la variación de los fondos soberanos, así como la ejecución de gastos "bajo la línea".
Pero en la Comisión no solo hubo acuerdos, sino que también discrepancias. Algunas partidas merecerán especial atención por parte de los Parlamentarios. En Salud, por ejemplo, se rechazaron las indicaciones del Ejecutivo que reponían los fondos para Fonasa, la Atención Primaria de Salud (APS), las Redes Asistenciales y los Servicios de Salud, entre otros.
En la partida de Interior, en tanto, se rechazaron los recursos para Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y algunas asignaciones orientadas al programa de integración de personas que no tengan calidad de solicitantes de refugio. Se aprobaron, por su parte, los recursos para Carabineros, que estaban pendientes tras la discusión en la subcomisión respectiva.
En educación también quedaron temas pendientes, pues se rechazaron los fondos correspondientes a la Subsecretaría de Educación Superior (Centros de Formación Técnica estatales), la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Dirección de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación.
Lo mismo ocurrió con los recursos para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de Andalién Costa, Valparaíso, Magallanes, Valdivia y Santa Rosa.
Los parlamentarios hicieron ver los diversos problemas operacionales que han tenido los funcionarios de estos recintos. En tanto, se aprobó una glosa que impide que los estudiantes que hayan sido sancionados por la ley Aula Segura, puedan acceder a beneficios educativos, lo que generó intensas reacciones en algunos parlamentarios.
Asimismo, se rechazó casi en su totalidad la partida destinada al Ministerio de Defensa y los gastos variables de la Dirección del Trabajo, cuestionados por el aumento de dotación que se plantea. También se rechazaron los recursos para aumento de personal en el Ministerio del Deporte y de algunos programas de Medio Ambiente.
Tampoco se le dio el visto bueno a los recursos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Defensoría Penal Pública.
Ayer, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, el ministro de Hacienda, Mario Marcel despejó algunas dudas en torno a lo que ocurrirá esta semana.
En relación a lo pactado, en específico, indicó que "es un acuerdo bien completo que señala expresamente que esto supone que no se van a estar recortando partidas presupuestarias para generar más ahorro, ni tampoco que esos ahorros luego se van a destinar a otros gastos, anulando el efecto que tiene sobre el agregado".
"Y eso -añadió- se cumplió durante la votación de la Comisión Mixta. Ahí había senadores y diputados. La próxima semana (desde este lunes) vamos a la Cámara de Diputados, así que esperamos que haya ahí alineamiento con lo que fue ese acuerdo".
Polémica por recursos para el Ejército
En cualquier caso, la discusión durante el fin de semana giró en torno a los dichos del Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriga. Es que el pasado 28 de octubre la máxima autoridad castrense expuso en la subcomisión mixta de Presupuesto. Allí quiso dejar constancia de que solo hay financiamiento para el 23% de los soldados necesarios.
En concreto, Iturriaga sostuvo: "el Ejército hoy día está definido por una planta que, por ejemplo, para los soldados de tropa, profesional, hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600".
El general, además, consignó que actualmente la planta de los soldados profesionales alcanza a 1.399. "Yo solamente lo quiero dejar como constancia para que sepamos todos que se está financiando menos", dijo, y luego agregó que "de repente se nos piden tareas extras, estados de excepción, etc... y por supuesto, todo tiene un límite, de fuerza. Yo entiendo la realidad del país, pero todos tengamos conciencia de que eso es lo que estamos financiando".
Agregó que una situación muy similar ocurre también en el caso de los conscriptos, en donde existe una planta autorizada de 12.500, que es un número reducido, pero solo tiene financiamiento para disponer del 50% de ellos.
"Es sumamente preocupante lo revelado por el comandante en jefe del Ejército, sobre todo, con los altos niveles de exigencia que hay sobre las FF.AA., en especial cuando se les distrae de sus labores habituales para realizar tareas de seguridad pública", expresó a El Mercurio el parlamentario Roberto Arroyo (PSC).
Asimismo, sostuvo: "Cabe preguntarse por qué un gobierno que siempre estuvo en contra de los estados de excepción como mecanismos de control de la seguridad, hoy no solo le carga el peso de estas tareas, sino que además no les provee los recursos necesarios para poder operar".
El parlamentario añadió a El Mercurio que "de nada sirve tener autorizada una planta de soldados profesionales de 7.000 si solo puedes mantener a 1.600; de igual forma, no sirve de nada tener autorizada una conscripción de 12.500 soldados cuando solo puedes mantener a menos de la mitad".
Por último, expresó que "De nada servirán los incentivos a la realización del Servicio Militar si las FF.AA. no cuentan con los recursos para comida, vestuario, traslados, uniformes, calzado, etc. Es preciso que el Gobierno deje de dar señales y realice acciones concretas para resolver esta alarmante situación".
La otra polémica
Hay áreas críticas y así lo reconoce el mundo político. Una de ellas es Salud, aquejada por la crisis financiera que viven los hospitales.
"La salud pública del país está en estado crítico". Con esas palabras esta semana el Colegio Médico (Colmed) dio paso a un comunicado en el que llamaron nuevamente al Ministerio de Hacienda a destinar -a través del Presupuesto 2025- los recursos que salud necesita para abordar las diferentes problemáticas que existen como, por ejemplo, las listas de espera.
En la misiva, la asociación gremial expuso que "la crisis presupuestaria que atraviesa nuestra red pública de salud ha alcanzado un punto crítico. Las propias autoridades han admitido que los recursos actuales no alcanzan para operar hasta fin de año y han hecho un llamado a la 'austeridad'. Esta situación amenaza directamente la vida y la salud de millones de compatriotas".
Agregó que "la oferta del Ministerio de Hacienda de destinar $110 mil millones es insuficiente", pues "calculamos que la red hospitalaria requiere $300 mil millones mensuales para funcionar de manera adecuada".
Por lo mismo, hicieron "un llamado urgente al Presidente de la República para que garantice estos recursos de inmediato. Somos enfáticos en señalar que la tozudez del Gobierno no puede costar vidas".
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó el tema ayer y sostuvo que "el presupuesto de salud es probablemente lo más desafiante que hay en todo el presupuesto nacional".
"En muchos países, después de la crisis del covid-19, una vez que pasó esa emergencia, ha costado mucho regresar a los presupuestos que había previo, ha quedado como instalado un nivel de gasto mayor", sostuvo y agregó que, "por otro lado, aquí en Chile hemos tenido desgraciadamente la costumbre de que luego de aprobar el presupuesto siempre ha habido suplementos muy significativos. Tanto es así que, por ejemplo, en plena época del covid-19, esos agregados en el curso del año terminaron siendo más grandes que todo el presupuesto original. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa es una señal muy compleja a quienes administran el sistema".
Cronograma
El cronograma fijado en la Cámara define que la sesión se inicie hoy a las 14:00 horas. Desde ahí, se destinarán cuatro horas distribuidas proporcionalmente entre las distintas bancadas parlamentarias para desarrollar el debate. Al término de este espacio, se procederá a votar en general el proyecto.
La presentación de indicaciones solo se admitirá hasta las 13:00 horas de hoy. Lo mismo respecto de la solicitud de división de la votación de algún artículo o partida.
en tanto, desde el martes 12 de noviembre, la Sala se abocará al análisis en particular del proyecto. La sesión fijada para este día será entre las 14:00 y las 22:00 horas. El trámite continuará el miércoles 13 de noviembre. La sesión se realizará entre las 09:30 y las 22:30 horas.
Si el proyecto no es despachado el miércoles, se continuará su votación el jueves, en una sesión fijada entre las 09:30 y las 24 horas. En todo caso, la Presidenta de la Cámara, diputada Karol Cariola (PC), está facultada para prorrogar la jornada hasta total despacho. Eventualmente, podrá convocar a una nueva sesión el viernes.
