Con aplausos casi transversales fue recibida la aprobación de la ley que reduce la denominada "permisología". Y que permitirá -según estima el Gobierno- una reducción de hasta un 70% en los proyectos de inversión.
La iniciativa contempla el reemplazo de ciertos permisos por declaraciones juradas, plazos máximos para que los organismos públicos otorguen las licencias, y una ventanilla única, que permita agrupar toda la tramitación en una única entrada.
Y si bien hay optimismo sobre la contribución que logrará para la economía -el Gobierno proyecta una recaudación adicional equivalente a un 0,59% del PIB- también hay voces que ponen el énfasis en que se debe seguir avanzando. Es que los permisos sectoriales, que son los que abordó la reforma, no son los únicos que traban las inversiones.
Y buena parte de los expertos apunta a los otros permisos: los medioambientales.
Los permisos medioambientales
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló esta mañana que con la iniciativa aprobada "podemos acelerar bastante el dinamismo de la inversión en Chile". Y luego indicó, en línea con lo que han planteado expertos, que "es solo una de las dimensiones de permisos que están recogidos en los proyectos del Ejecutivo".
Es que el Gobierno ingresó a comienzos de 2024 -junto con el proyecto de permisos sectoriales- una iniciativa que modifica la tramitación ambiental y que -por lo tanto- aborda el otro eje de los permisos que los inversionistas ven como una traba.
"La evaluación ambiental, en la práctica, constituye el primer gran hito crítico en la tramitación de proyectos. No solo por la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), sino también por la exigente etapa preparatoria previa al ingreso al SEIA", dice a El Mercurio la abogada Paulina Riquelme, socia de EE LAW.
Es precisamente la tramitación ambiental la que ha estado tras casos con alta notoriedad debido a los permisos que ha que deben enfrentar las firmas. Es el caso de Andes Iron, con Dominga, que lleva una década y media tramitándose.
El director de Incidencia de Pivotes, José Antonio Valenzuela, entrega al medio citado antecedentes que dan cuenta del problema. "Los datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hoy muestran que el proceso de evaluación toma 841 días en promedio, y que sectores como el inmobiliario superan el promedio de los mil días", explica.
"A eso -complementa- hay que agregar que si la RCA se judicializa, esos plazos pueden llegar incluso a duplicarse".
El CMN
Si un flanco es el de los permisos ambientales, otro de los que preocupa es el del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Es que esta institución también ha tomado notoriedad por casos en los que ha puesto exigencias para que inversiones sigan su camino.
La iniciativa que aprobó el Congreso esta semana mejora la tramitación realtiva a esta institución. No obstante, Riquelme dice que el "impacto estructural será parcial mientras no se impulse una modernización institucional sustantiva en sectores que concentran rezagos históricos".
Las concesiones marítimas también se abren como un nudo a superar. Esto, consideranndo que el atochamiento administrativo de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas también ha derivado en una eleva acumulación de trámites.
