La Presidenta Rousseff tendrá un plazo de diez sesiones parlamentarias para hacer sus descargos.
AP
BRASILIA.- La Cámara de Diputados de Brasil formó una comisión especial para analizar un pedido de juicio de destitución contra la Presidenta Dilma Rousseff por supuesta manipulación de las cuentas públicas.
Ese cuerpo legislativo de 65 miembros deberá dar un parecer al plenario. Si las dos terceras partes de los diputados (342 de un total de 513) votan por proseguir el juicio contra Rousseff, la iniciativa pasará al Senado, de lo contrario, será archivada.
La instancia fue aprobada por 433 votos a favor y uno en contra, mientras que sus miembros fueron nombrados por los líderes de los 24 partidos con representación parlamentaria.
El siguiente paso, que será dado hoy mismo, es la elección del presidente y el relator de la comisión especial.
El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, responsable de acoger el pedido de apertura del proceso, dijo que espera "agilidad" total en los trabajos de la comisión.
Rousseff será notificada hoy mismo sobre el inicio del proceso y tendrá un plazo de diez sesiones parlamentarias para hacer sus descargos.
Una vez que lo haga, la comisión tendrá un plazo de cinco sesiones para decidir si entiende que el proceso debe continuar o ser archivado.
La decisión final estará a cargo del Plenario de la Cámara de Diputados, que resolverá por votación.
La comisión está integrada por representantes de todos los partidos, en número proporcional al de sus respectivas bancadas.
Por tanto, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y su principal aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que son los que tienen las mayores bancadas, serán a su vez los que tengan mayor número de representantes en la comisión especial.
Por su parte, el principal opositor del Gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tendrá seis representantes.
El pedido de destitución de la presidenta se basa en maniobras contables, conocidas como "ruedas fiscales", que habrían sido practicadas en 2014, último año de su primer mandato, con el fin de "maquillar" la situación financiera de su Gobierno.
Según los autores de la petición, esa práctica afrenta la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuya violación puede dar lugar a la destitución del presidente de la República.
