Comienza en España juicio por abusos sexuales cometidos en colegio de los Maristas

Joaquín Benítez pidió perdón a las víctimas y justificó su conducta por los abusos que habría sufrido de niño en un internado católico. La orden religiosa, en tanto, es acusada de encubrimiento.

25 de Marzo de 2019 | 13:27 | AFP/Editado por Ramón Jara A., Emol

Joaquín Benítez llegó encapuchado a la audiencia.

AFP
En medio de una serie de denuncias por abusos en la Iglesia católica española, uno de los casos más estruendosos empezó a juzgarse este lunes en Barcelona contra un profesor de las escuelas Maristas, impactadas también por un escándalo en Chile.

La Audiencia de Barcelona inició el proceso contra Joaquín Benítez, profesor de educación física laico que ejerció durante tres décadas en un colegio de esta orden católica en Barcelona.

Se le acusa de cuatro delitos de agresión sexual, dos de ellos continuados. En total, se presentaron 17 denuncias contra él por presuntos abusos entre principios de 1980 y 2010 pero la mayoría quedaron prescritas.

El caso levantó un vendaval de acusaciones contra profesores de los Maristas, 43 denuncias contra doce clérigos, y empezó a romper el silencio que se había impuesto durante años sobre la cuestión en la Iglesia española.

Un "patrón de actuación"

El acusado, para quien la fiscalía pide 22 años de cárcel, llegó a los tribunales con el rostro oculto en un pasamontañas y se cubrió la cara con las manos cuando los fotógrafos entraron en la sala para tomar imágenes.

El proceso comenzó con las declaraciones a puerta cerrada de las víctimas en las que ratificaron los abusos recogidos en la acusación: tocaciones, masturbaciones, felaciones e incluso relaciones sexuales.

Según un policía interrogado, Benítez "tenía un claro patrón de actuación": citaba a chicos de 13 o 14 años en su despacho con la excusa de practicarles un masaje y tratarles una presunta lesión.


Aunque no declarará hasta el martes, Benítez habló ante la prensa al terminar la sesión. Con la cara tapada, pidió "perdón" a las víctimas y se justificó por los abusos que habría sufrido de niño en un internado católico.

"Instintivamente lo veía como un comportamiento prácticamente normalizado", aseguró Benítez que también prometió explicar ante el juez el comportamiento de los Maristas.

Los Maristas en entredicho

Y es que aunque la orden católica está acusada únicamente como responsable civil subsidiaria y solamente deberá afrontar el pago de posibles indemnizaciones, las víctimas le reprochan haber encubierto durante años a Benítez y otros profesores.

Interrogado en el juicio, un responsable de la congregación negó tener conocimiento de los abusos denunciados y defendió haber denunciado ante la fiscalía a Benítez cuando recibieron la primera queja en 2011.

Sin embargo, un agente policial testificó que, durante la investigación del caso, el director de la escuela solamente les facilitó el nombre y el apellido del presunto abusador, sin dar ningún detalle más.

Esta congregación católica se vio envuelta en 2017 en el gran escándalo de abusos y presunta ocultación en Chile con casi 150 causas abiertas en la justicia, que allanó varias dependencias eclesiásticas.

El caso sumió a la Iglesia del país en la peor crisis de su historia y forzó la renuncia de 34 obispos chilenos.

La repercusión en España fue menor pero abrió la puerta a una serie de revelaciones de presuntos abusos a menores -la mayoría prescritos- que ha llevado a la Iglesia española a pedir perdón en 2018 y modificar sus protocolos de actuación ante estos casos.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal ha rechazado por ahora indagar en los posibles casos del pasado, alegando que es responsabilidad de sus diferentes diócesis.

A raíz de los escándalos también se ha puesto a debate la prescripción de los abusos sexuales a menores en el país que, como en el caso de los Maristas, ha impedido la investigación de gran parte de los hechos.

Actualmente, el plazo de prescripción por estos delitos empieza a correr cuando la víctima cumple 18 años y el gobierno quiere ampliarlo a 30 años, un margen todavía limitado para las asociaciones de víctimas que reclaman elevarlo a 50.
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