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Santiago: Miércoles 18 de septiembre del 2024 | Actualizado 18:59
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fue creado en 2012 por el gobierno de Barack Obama, quien se encontró bajo presión por parte de jóvenes activistas que realizaron protestas en oficinas de congresistas y se manifestaron fuera de la Casa Blanca, buscando algún tipo de legislación que apuntara a su estatus de inmigración. Conocidos como los "Dreamers" ("Soñadores") por la ley D.R.E.AM., un proyecto fallido que les habría garantizado un camino hacia la ciudadanía, estos inmigrantes llegaron a Estados Unidos siendo niños y han pasado gran parte de sus vidas en el país.
El programa DACA permite a estos jóvenes trabajar legalmente y los protege de la deportación. Sin embargo, estaba limitado a quienes tuviesen entre 15 y 30 años, que estuviesen estudiando o graduados de los colegios y sin un registro criminal. El pago necesario para postular y renovar es cercano a los 500 dólares.
Muchos beneficiados originales del DACA eran estudiantes universitarios, que enfrentaban una gris oferta de trabajos tras graduarse, ya que no podían legalmente tener un empleo. Ahora, muchos de los 650.000 que se inscribieron en DACA están trabajando como profesionales; algunos ya son padres o incluso abuelos. En su punto más alto, cerca de 800.000 personas se inscribieron en el programa.
Partidarios del DACA reunidos fuera de la Corte Suprema el día del fallo. | AFPEl Presidente Donald Trump, mientras hacía campaña en 2016, prometió que terminaría el DACA. Luego suavizó su postura, pero finalmente su gobierno anunció que acabaría con el programa en septiembre de 2017. El Gobierno argumentó que era ilegal y que, aunque no estaba a favor de castigar a los hijos por las acciones de sus padres, "debemos reconocer que somos una nación de oportunidades, porque somos una nación de leyes". Su gobierno también citó el dictamen de una corte que anuló una expansión del DACA que habría aplicado a los padres, como otra razón para terminar el programa. Texas y otros estados amenazaron con demandar al gobierno por el programa, luego de haberlo hecho para frenar la expansión en los años de Obama. Defensores de los inmigrantes presentaron recursos en contra la decisión de Trump, y cortes de apelaciones mantuvieron el programa vivo, pero sólo para las personas que ya estaban inscritas. En una audiencia ante los jueces en noviembre, el representante del gobierno argumentó que han tomado responsabilidad por su decisión y que tenían la autoridad de terminar con el DACA, incluso si el programa fuese legal, porque para ellos se trata de una mala política.
El jueves, la Corte Suprema de EE.UU. dijo que, aunque Trump podría terminar el programa, lo hizo de forma incorrecta. Esto significa que su gobierno puede volver a intentarlo si así lo decide, tal como ocurrió en 2017 con la prohibición de vuelos para ciertas personas que fue rechazada en la corte. Expertos dicen que no es probable que esto ocurra antes de las elecciones de noviembre, ya que el DACA tiene un gran apoyo entre los estadounidenses, de ambos partidos. Incluso si fuesen a intentarlo otra vez, no alcanzarían a hacerlo a tiempo.
La decisión de la Corte Suprema de mantener el DACA intacto, significa que 650.000 personas que están inscritas mantendrán sus protecciones, que duran dos años. Pero el programa no ha aceptado a nuevos postulantes en un par de años, y no está claro si la gente que habría calificado, pero no pudo postular por las acciones de Trump, ahora podrá hacerlo.
Sarah Pierce, una analista de políticas en el Migration Policy Institute, dijo que es poco probable que el gobierno de Trump acepte a nuevos postulantes sin que una corte se lo ordene. "Está todo en el aire", dice Pierce.
Una imagen de las manifestaciones a favor del DACA en 2017. | AFPHan existido muchos esfuerzos para aprobar leyes que puedan darle estatus legal o un camino hacia la ciudadanía a los "Dreamers", pero incluso planes con apoyo de ambos partidos se han caído en el tiempo. Luego que Trump intentara terminar con el programa en 2017, le dio al Congreso seis meses para que encontraran una solución. No lo lograron.
Pierce dice que tampoco tiene mucha esperanza de que el Congreso pase alguna ley que apunte de los "Dreamers". "Han estado intentando hacerlo por casi dos décadas y no han logrado hacerlo", dice. "Si el programa continúa administrativamente, no tengo esperanza de que el Congreso presente cambios a largo plazo, al menos en el tiempo más próximo. Cualquier cosa relacionada con la inmigración es muy política", añade.
La última vez que el Congreso intentó pasar una ley que entregara un camino hacia la ciudadanía, el gobierno puso una larga lista de demandas que dejaron satisfechos a sus seguidores más duros, pero generó un costo en el apoyo más general.
