Una "limpieza de casa". Con esas palabras, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió la decisión del Congreso el sábado de destituir al fiscal general, Raúl Melara, y a un grupo de jueces de la Corte Suprema. La polémica votación encendió las alarmas tanto al interior como fuera del país centroamericano, donde varias voces han acusado al Mandatario de querer concentrar el poder.
Se trató de la primera medida adoptada por la nueva Asamblea Legislativa, conformada después de las elecciones del pasado 28 de febrero. Así, con 64 votos a favor y solo 20 en contra, el organismo resolvió la destitución de los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más importante de ese tribunal, y nombró inmediatamente a sus reemplazantes, cuyos nombres ya tenía listos.
Esto fue posible gracias al arrollador triunfo del oficialismo en los comicios, al quedarse 61 de los 84 escaños del Congreso, lo que le da vía libre a continuar con su plan país, en medio de un tremendo apoyo popular.
Ahora, dicen los críticos, este cambio de magistrados reflejaría el interés del polémico Bukele de querer controlar todo: ya tiene el Poder Ejecutivo y Legislativo, y ahora buscaría el Poder Judicial.
"Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona", remarcó un grupo de 25 asociaciones de la sociedad civil salvadoreña, a través de un comunicado.
Bukele versus la justicia
La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.
El Presidente Bukele había tenido duros calificativos contra ellos y los acusó de no permitirle cuidar de la vida de sus compatriotas. "¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos o algo así. Salvar mil vidas a cambio de cinco (los magistrados), pero no soy un dictador", ironizó en agosto pasado.
Siguiendo esa línea, los congresistas que promovieron la medida aseguraron el sábado que "los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional
actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población".
De este modo, acusaron a los jueces de poner a la población "en peligro al no cumplir las medidas que internacionalmente han sido utilizadas". Asimismo, ordenaron la destitución de fiscal Melara por sus supuestos "vínculos" con la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
El hecho encendió las alarmas en el extranjero, donde las acciones de Bukele están en la mira desde hace un tiempo. No es la primera vez que el Gobierno salvadoreño es acusado de atentar contra la democracia del país, por lo que mandatarios y organizaciones internacionales como la OEA siguen los acontecimientos con atención.
El sábado por la noche, el Mandatario se mostró dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero aclaró:
"Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia".
"Falta mucho por cambiar en nuestro país, pero está claro que no pueden hacerlo todo en un día. Sé que la mayoría del pueblo salvadoreño espera con ansias la segunda plenaria" que se realizará este lunes, detalló Bukele.
Una intensa contienda
El 9 de febrero de 2020, Bukele desafió al entonces Parlamento opositor, cuando, escoltado por el Ejército, llegó a la Asamblea para presionar por la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra las pandillas.
El gobernante, de 39 años, ha logrado capitalizar el descontento de la población respecto a los partidos tradicionales. Cuenta con apoyo popular y el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Ello llevó a sus aliados a vencer en las elecciones parlamentarias del 28 de febrero, dejando relegadas a las tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la ex guerrilla izquierdista del FMLN.
"La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo", aseguró en un pronunciamiento la influyente Universidad Centroamericana (UCA).
Para la UCA, la destitución "muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el Gobierno del presidente Bukele".