La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, realizó este jueves un balance de su mandato de cuatro años, que concluye el próximo 31 de agosto, y afirmó que
llamará al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, antes de esa fecha para hablar sobre los
temas pendientes en materia de derechos humanos.
Bachelet sostuvo que
desea conversar con el dirigente sobre "promesas que no deben ser olvidadas", tras la apertura de una línea de cooperación entre el Gobierno venezolano y el organismo que encabeza Bachelet a partir de 2019, y que ha permitido el establecimiento de una oficina de derechos humanos de la ONU en el país.
La Alta Comisionada
pidió que se reasuma el diálogo entre el gobierno y la oposición, y defendió la importancia de una transición política en Venezuela.
En su conferencia, la ex Presidenta chilena
también se refirió a comentarios agresivos del Mandatario brasileño Jair Bolsonaro, señalando que los presidentes deben respetar a los otros poderes del Estado y abstenerse de promover ataques contra estos.
En ese sentido, Bachelet criticó que en el contexto de las elecciones presidenciales en Brasil -convocadas para el 2 de octubre- Bolsonaro haya cuestionado al Poder Judicial y el sistema de voto electrónico, en funcionamiento desde mediados de la década de los '90.
"Lo peor es que ha pedido a sus seguidores que protesten contra las instituciones judiciales el 7 de septiembre, cuando Brasil cumple 200 años de su independencia. Esto ha llevado a que los partidos pospongan manifestaciones con esa ocasión y las pasen a día 10, para evitar choques", comentó.
Bachelet dijo que
un presidente puede estar en desacuerdo con las decisiones de otros poderes, pero está obligado a respetarlas y a expresar sus propias opiniones de una forma respetuosa.
"No hay que hacer comentarios que pueden aumentar la violencia o el odio contra las instituciones democráticas (...), no hay que debilitarlas con discursos políticos", prosiguió Bachelet.
También defendió el derecho del pueblo de Brasil de acudir a votar sintiéndose seguro.
De manera más general, la Alta Comisionada dijo que preocupan las informaciones sobre el aumento de la violencia política en Brasil, el racismo estructural persistente y la pérdida de espacio de acción de la sociedad civil.
Denunció que en el contexto electoral se hayan producido ataques contra legisladores y candidatos, particularmente de ascendencia africana, mujeres y de la comunidad LGTB.
Informe sobre Xinjiang
Por otro lado,
Michelle Bachelet reconoció desconocer si su esperado informe sobre la región de Xinjiang, donde China está acusada de represión contra uigures y otras minorías,
será publicado antes del 31 de agosto, como lo había prometido.
"Yo tenía toda la intención de publicarlo antes del fin de mi mandato y recibimos aportes sustanciales del gobierno que debemos examinar cuidadosamente", declaró.
"Estamos trabajando fuertemente para hacer lo que prometí", agregó sobre el informe de su polémico viaje a Xinjiang, donde China ha sido acusada de abusos de derechos humanos de la población musulmana de la región.
"¿He estado bajo presión? Siempre hemos estado bajo presión desde varios lados, por todas partes y en todas las situaciones, diría yo", afirmó.
En este caso "
estuve sometida a grandes presiones para publicar o no publicar (el informe), pero
no son estas presiones las que harán que lo publique o que renuncie a su publicación", agregó.
La región de Xinjiang ha sido escenario de sangrientos atentados contra civiles, cometidos, según las autoridades, por separatistas e islamistas uigures (el principal grupo étnico de la zona).
Desde hace años, esta región es objeto de una vigilancia draconiana.
Según varios países occidentales y organizaciones independientes, Beijing ha internado a más de un millón de uigures y miembros de otras etnias musulmanas locales en "campos de reeducación" en Xinjiang, y ha impuesto "trabajos forzados" y "esterilizaciones".
China desmiente estas acusaciones y presenta estos "campos" como "centros de formación profesional" para combatir el extremismo religioso.
En mayo, Bachelet, en un muy poco común viaje a China, instó a Beijing a evitar las medidas "arbitrarias" en Xinjiang, denunciando al mismo tiempo "actos violentos de extremismo" en la región.
Esta visita a China era la primera de un Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 17 años, y fue el resultado de largas negociaciones entre la ONU y Beijing.
Desde entonces, las oenegés reclaman con más insistencia que Bachelet publique el informe.
