APA principios de la década de 1990, la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), un grupo de pequeños países costeros, comenzó a solicitar el establecimiento de un fondo para pérdidas y daños, ya que las Naciones Unidas estaban creando un marco para abordar el cambio climático a nivel internacional.
Desde entonces, la idea siempre ha sido parte de las cumbres climáticas anuales de la ONU. Sin embargo, a menudo se habló de ello al margen de las negociaciones, pero muchas naciones ricas usaron su peso para aplastar la idea. Por ello la relevancia de esta cumbre, ya que por primera vez, se incluyó en la agenda y se convirtió en el centro de las discusiones.
Inicialmente, el fondo se basará en contribuciones de países desarrollados y otras fuentes públicas y privadas, como instituciones financieras internacionales, con la opción de que otras economías importantes se unan más adelante.
El texto final apunta a "identificar y ampliar las fuentes de financiación", algo por lo que la UE, EE.UU. y otros habían impulsado durante las negociaciones, lo que sugiere que las naciones que son altamente contaminantes y consideradas en desarrollo, también deberían contribuir al fondo.
Durante las conversaciones, China dijo que el dinero para el nuevo fondo no debiese provenir de ellos si no de los países ya desarrollados. Pero existe una prioridad para que el gigante asiático pague voluntariamente los fondos climáticos, y es si Estados Unidos también lo hace.
Cuando la administración Obama prometió US$3 mil millones al Fondo Verde para el Clima en 2014, China también pagó $3.1 mil millones por el fondo.
Más detalles sobre quién paga serán decididos por un comité que planea poner en marcha el fondo dentro de un año.
El acuerdo dice que el fondo ayudará a "los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático", aunque habrá espacio para que los países de ingresos medios que se ven gravemente afectados por los desastres climáticos también reciban pagos.
Pakistán, que fue devastado por las inundaciones que sumergieron a un tercio del país, o Cuba, recientemente azotada por el huracán Ian, podrían ser elegibles.
Para esto, será necesario resolver cómo encajará el fondo para pérdidas y daños con "otras instituciones, agencias que están haciendo trabajo humanitario, ayudando a las personas a reconstruir, lidiando con la migración y las crisis de refugiados, lidiando con la seguridad alimentaria, la seguridad del agua", dijo David Waskow, director climático internacional del Instituto de Recursos Mundiales.
Esos detalles también serán elaborados por el comité el próximo año.
APMás allá de la ayuda financiera, la creación del fondo se considera un gran paso adelante, pero la forma en que se vea en última instancia dependerá en parte de la rapidez con la que se pueda configurar.
En la sesión de clausura del domingo, Lia Nicholson de Antigua dijo que el comité de transición debe establecerse de inmediato y recibir mandatos claros.
“Este fondo para pérdidas y daños debe convertirse en el bote salvavidas que necesitamos que sea”, espetó.
Y es que ya hay una brecha de credibilidad debido a promesas incumplidas en el pasado: en 2009, las naciones ricas acordaron proporcionar $100 mil millones al año para ayudar a los países en desarrollo a hacer la transición a sistemas de energía verde y adaptarse al cambio climático. Sin embargo, hasta la fecha, esa iniciativa nunca ha sido totalmente financiada.
Una de las principales razones por las que las naciones ricas se opusieron durante mucho tiempo a tal fondo de pérdidas y daños fue el temor de que se abriera a una responsabilidad a largo plazo. A pesar de la aprobación, esa preocupación todavía está en juego, como evidencia de cómo los negociadores se aseguraron de que el lenguaje del fondo no dijera "responsabilidad" y que las contribuciones fueran voluntarias.
A pesar de esas advertencias, el establecimiento de dicho fondo podría tener repercusiones, tanto legales como simbólicas, en los círculos climáticos y más allá. Por ejemplo, varias naciones insulares del Pacífico han estado presionando para que la Corte Internacional de Justicia considere el cambio climático. Argumentan que las leyes internacionales deben fortalecerse para proteger sus derechos en caso de que sus tierras se vean engullidas por el aumento del nivel del mar.
El establecimiento de un fondo de pérdidas y daños podría reforzar esos argumentos.
