SANTIAGO.- "Todo esto se va a aclarar rápido", fue casi con seguridad uno de los pensamientos que cruzaron por la mente del jefe de obra L.A.G.C. cuando fue sorpresivamente detenido por detectives cuando llegó a su hogar, tras ser acusado de violación.
El trabajador de la construcción no podía imaginar que pasaría 99 días en prisión y diez meses en arresto domiciliario nocturno, arriesgando una condena de 10 años de cárcel, antes de que la justicia terminara por comprobar que era inocente.
El caso, el primero en el que la Corte Suprema establece la existencia de un error judicial que afectó gravemente los derechos de un inocente durante la vigencia de la reforma procesal penal, fue aclarado gracias a que la supuesta víctima adjuntó, como "prueba" ante el tribunal, una grabación de audio que olvidó editar.
Una ayuda que resultó cara
La historia se remonta a julio de 2013, cuando L.A.G.C. laboraba en la construcción de una mediagua para ayudar a uno de sus sobrinos, quien se había trasladado como allegado a un terreno familiar situado en el sector El Cobre, en San Esteban (V Región).
Fue precisamente la esposa del sobrino, P.G.S., de 30 años y madre de seis hijos, quien denunció que el trabajador de la construcción, de 60 años de edad, la había amenazado con un cuchillo, antes de abusar de ella en al menos tres oportunidades.
La mujer añadió que había conseguido grabar uno de los supuestos ataques con un teléfono celular escondido, registro que fue utilizado como prueba por la Fiscalía de Los Andes.
Las sucesivas acciones y recursos interpuestaos por la defensa del imputado fueron rechazadas por el Juzgado de Garantía de Los Andes y la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Así, L.A.G.C. fue puesto en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la primera ciudad.
No obstante, la supuesta víctima había cometido un error: olvidó apagar a tiempo un aparato MP3 tipo pendrive que portaba, y que también activó para captar la supuesta "violación".
El aparato registró aproximadamente dos horas de conversaciones después del hecho, y quedó grabado accidentalmente en el CD entregado al tribunal por la Fiscalía como prueba en el proceso.
El Tribunal Oral Penal (TOP) de Los Andes "se percató de la presencia del segundo registro, suspendió el juicio e hizo una cautela de garantías (medida para garantizar los derechos del imputado) para que la defensa examinara la grabación", explica Humberto Sánchez, coordinador jurídico del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública.
Al escuchar el audio completo se derrumbó la versión de la mujer, al dejar claro que la relación era consentida. También permitió revelar la trama con la que buscaba acusar judicialmente a su tío político con un "interés económico", según consigna el dictamen del Tribunal Oral, que terminó por exonerar al trabajador por declaración falsa de la denunciante.
"Lo sucedido fue fruto de la acción concertada y planificada de una aparente víctima" en la que se aprecia que ella "realiza todo el montaje para procurarse una evidencia en contra del acusado" con una actitud "fría y cerebral", establece el fallo.
La mujer había establecido, paralelamente a la acusación falsa, una reserva de acción civil, lo que la facultaba para demandar "con el objetivo de quitarle a mi defendido una casa avaluada en 60 millones de pesos que tiene en Puente Alto", precisó el abogado particular Rodrigo Molina Rillón, quien representó al acusado.
Tanto la mujer como el sobrino del trabajador de la construcción ahora enfrentan una investigación por falso testimonio.
Investigación "desprolija"
El dictamen del TOP fue categórico en calificar como "desprolija" la investigación desarrollada por la Fiscalía y denunció la existencia de "irregularidades en el levantamiento de evidencias", en este caso las grabaciones.
"Se aclaró que hubo irregularidad en la cadena de custodia: no se sabe ni se estableció quién traspasó la grabación del celular al CD, ni hubo un peritaje de por medio", explica el abogado Molina.
"En su oportunidad pedí la exclusión del video, pero eso fue desechado por el Juzgado de Garantía en una resolución a mi juicio errónea", añade.
El Tribunal Oral también ratificó que las resoluciones que impusieron prisión preventiva y arresto domiciliario nocturno sobre el trabajador fueron "injustificadamente erróneas y arbitrarias".
"Aquí hay dos jueces de Garantía que cometieron conductas injustificadamente erróneas", puntualiza el defensor. Así lo confirmó la Corte Suprema de Justicia, que ratificó que las resoluciones judiciales que llevaron a la prisión preventiva y el arresto domiciliario nocturno fueron "injustificadamente erróneas".
Molina explicó que su representado prepara ahora una demanda contra el Estado por daño moral, la que sería presentada en los próximos dos meses y se unirá a una acción similar emprendida por los familiares del trabajador.
El profesional añadió que aunque todavía están evaluando el monto involucrado en dichas demandas, estima que superarán los 200 millones de pesos.
Prevenir errores
El proceso y su desenlace integran la serie de casos contemplados en el proyecto "Inocentes" de la Defensoría Penal Pública.
"Lo que queremos aportar con el proyecto es informar a todos quienes forman parte del sistema penal chileno que existen errores que se pueden evitar", aclara.
"Lo que buscamos es difundir mejoras del sistemas, y que esas mejoras logren efectivamente que se eviten o minimice la posibilidad que personas inocentes puedan estar privadas de libertad", explica Humberto Sánchez.
