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Caso Sobreprecios: Tribunal cerró definitivamente causa al no hallar delitos

El caso terminó con la salida del abogado Alejandro Peña y su asesor Felipe Baeza, de la División de Estudios de Interior por presuntas irregularidades en la compra de aparatos antinarcóticos que serían adquiridos en el plan Frontera Norte en 2012.

11 de Agosto de 2015 | 14:22 | Por Andrea González Schmessane, Emol
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La defensa de Felipe Baeza (en la foto) solicitó cerrar el proceso en su contra.

El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Luego de casi tres años de investigación desformalizada, este martes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó definitivamente el denominado caso Sobreprecios, donde la fiscalía Centro Norte perseguía presuntas irregularidades en la compra de los aparatos antinarcóticos que serían adquiridos en el plan Frontera Norte -dependiente del ministerio del Interior- en el año 2012.

Ello -según confirmó Emol- luego de que la defensa de Felipe Baeza -uno de los principales indagados en la causa- solicitara cerrar el proceso en su contra tras conocer la intención del Ministerio Público de no perseverar en el caso, por estimar que los antecedentes reunidos no fueron suficientes para lograr la convicción de la existencia de delitos.

La investigación se inició en octubre de 2012, luego del escándalo que generó la compra de los equipos antidrogas con un incremento de hasta un 400% respecto al valor de los instrumentos licitados por el Gobierno de entonces, hecho que además derivó en la salida del abogado Alejandro Peña y su asesor Felipe Baeza, de la División de Estudios del ministerio del Interior.

Esto, sin embargo, fue desestimado por la Fiscalía, que descartó -sobre la base de la información reunida- un aumento irregular de precios en los densímetros y fibroscopios solicitados para combatir el narcotráfico.

En el marco de la investigación que encabezó el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, incluso debió declarar el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

También fue imputado Alfredo Giacoman, el dueño de la empresa Tecnodata que se adjudicó la cuestionada licitación.
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