SANTIAGO.- Entre el 2014 y 2015 el Gobierno logró aprobar dos de los grandes proyectos comprendidos en la reforma educacional: la
Ley de Inclusión y la
Carrera Docente, ambos orientados a mejorar la educación escolar: mientras el primero establece la prohibición del lucro y el fin al financiamiento compartido (copago), el segundo apunta a mejorar las condiciones laborales de los profesores del país.
A tales iniciativas, se suma la Subsecretaria de Educación Parvularia y las leyes que crean dos nuevas universidades estatales (en Aysén y Rancagua), además de 15 Centros de Formación Técnica estatales a lo largo del país.
No obstante, aún están pendientes dos de los proyectos más emblemáticos del programa presidencial: la iniciativa que crea un Nuevo Sistema de Educación Pública (desmunicipalización) y el proyecto de Educación Superior. De aprobarse ambas iniciativas durante este año, el Ejecutivo despacharía desde el Congreso la reforma educacional completa al segundo año de gestión.
Educación pública: proyecto aprobado en general
El proyecto ingresó a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados el 3 de noviembre del año pasado. En esa instancia, fueron citados distintos actores del ámbito educacional para exponer sus observaciones, entre ellos, el Colegio de Profesores, alcaldes, fundaciones, expertos y estudiantes.
El 19 de enero, en tanto, la comisión aprobó la idea de legislar el proyecto, pese a compartir la idea transversal de que la iniciativa aún era insuficiente en varios aspectos. Ante esto, la ministra de Adriana Delpiano, se comprometió a ingresar las indicaciones al proyecto en marzo, mes en que se reanuda el debate legislativo e iniciaría la discusión en particular.
Si se aprueba, deberá ingresar a la Cámara de Diputados para su votación en Sala, y posteriormente a la comisión de Educación del Senado. Luego, también debe ser ratificado en la Sala del Senado para regresar a la comisión de Educación de la Cámara Alta y la Sala de la misma instancia. De aprobarse, quedaría lista para convertirse en ley.
El proyecto de ley busca traspasar la administración de los colegios municipales de todas las comunas del país desde los municipios a los nuevos
servicios locales, que serán administrados por el ministerio de Educación. El objetivo final, es revitalizar la educación pública,
que se encuentra inmersa en una crisis debido a los recursos con los que cuentan, la situación de vulnerabilidad de los alumnos y la gestión que se realiza, situaciones que se suman a la pérdida de matrícula.
Educación superior: aún no se envía al Congreso
Luego de varias
postergaciones, la reforma a la educación superior debiera presentarse
entre marzo y abril de este año. No obstante, el Gobierno aún no confirma el plazo en que se hará su envío al Congreso. De acuerdo a la agenda del Mineduc, durante enero y febrero se realizaría un trabajo prelegislativo con los distintos actores involucrados, en el que han participado hasta ahora los rectores de las
instituciones de educación superior acreditadas y la Confech.
Una de las últimas propuestas confirmadas por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, es que la reforma ingresaría dividida en dos o tres proyectos de ley. La primera parte abordaría el marco regulatorio para los planteles, normas en las que debiera quedar establecido el fin al lucro efectivo en las instituciones y el nuevo sistema de acreditación. También, se contempla la creación de una Subsecretaría de educación superior. Posteriormente, ingresaría vía indicaciones el apartado sobre el nuevo sistema de financiamiento.
La reforma incluirá además la política de la gratuidad -hoy destinada al 50% de alumnos más vulnerables, pero que debiera avanzar al 70%- que sería implementada a través de otro sistema de financiamiento y con requisitos estables, a diferencia de este año donde debió ser tramitada a través de la Ley de Presupuestos, mediante una glosa. Aún así, queda abierta la posibilidad de que en 2017 nuevamente se deba otorgar mediante ese mecanismo, en caso que la ley no alcance a ser aprobada.
Hasta ahora, no está definido si el proyecto ingresará al Congreso a través de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados o del Senado. No obstante, luego que la Cámara Alta despachara la Carrera Docente, la comisión de Educación contaría con espacio para tramitar un nuevo proyecto, no así la instancia de la Cámara Baja, que continúa revisando Educación Pública.
Actores expresan su "preocupación" por los plazos de tramitación
Marta Matamala, vocera de la Confech, se refirió a la futura tramitación de la reforma a la educación superior e indicó que "los plazos son bastante complejos y difíciles de cumplir. Mientras más se atrase el ingreso, menor es la cantidad de meses para discutirlo si es que el Gobierno tiene por meta aprobarlo previo al ingreso de la ley de presupuestos, en noviembre". Esto, porque se arriesga que la gratuidad nuevamente sea implementada mediante una glosa. "Esperamos que no sea así. Ojalá podamos contar con una reforma buena, estructural y con el respaldo del mundo socia", dijo.
Mario Olavarría, alcalde de Colina, señaló sobre el proyecto de Nueva Educación Pública que "esperamos que este proyecto se discuta con total profundidad de análisis y que exista el tiempo necesario para que salga lo mejor posible, ya que tal como se ha planteado creo que no va a ser un buen proyecto para el país. La propuesta excluye a los municipios con la creación de las agencias centrales. Nosotros hemos presentado propuestas y creemos que se debe discutir con todos los incumbentes; debe tener un tiempo de tramitación relevante dada su envergadura".