SANTIAGO.- El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, llamó a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo a realizar una serie de modificaciones legales que permitan mejorar la gestión del Poder Judicial en diversas materias.
Según Dolmestch, se trata de la tramitación de procesos del antiguo sistema criminal, el cumplimiento efectivo de las penas, la situación carcelaria y los recursos de protección interpuestos por alzas de planes de isapres.
Sobre esto último, la máxima autoridad del Poder Judicial propuso la implementación de cambios legislativos relacionados con el alza de planes de salud de las isapres, debido a que los procesos contra estas instituciones de salud se han incrementado ostensiblemente en los últimos 7 años.
Dolmestch afirmó que esto implica que el organismo esté invirtiendo actualmente, sólo por concepto de remuneraciones para unidades especiales de tramitación, un millón de dólares al año.
En la instancia, el ministro también se refirió a un supuesto "activismo judicial" en tribunales, aseverando que los jueces de todas las instancias actúan guiados por la legislación interna y por la aplicación de los tratados internacionales suscritos por Chile.
Por otro lado, informó que en 2015 ingresaron, en cifras gruesas, 3.800.000 procesos en primera instancia, 235.000 causas en las 17 Cortes de Apelaciones del país y 38.000 en la Corte Suprema.
Dolmestch manifestó especial preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en el país y recordó que ha sido preocupación permanente de los jueces, ministros de Corte de Apelaciones y de la Fiscalía Judicial desde hace varios años.
"Creo necesario reflexionar sobre una preocupación prioritaria de la ciudadanía y que dice relación con la seguridad pública. En efecto, tal problemática se ha instalado en el debate nacional y en la discusión política y legislativa. Observamos con preocupación que se plantee como única solución a ésta la cárcel para todos quienes delinquen", aseguró.
"Atendida esta realidad, la situación carcelaria, fuente indiscutida en la generación delictual, debe ser un tema que analicemos y tratemos en profundidad y con decisión. Cuando como sociedad pregonamos sobre el empleo de la cárcel como mecanismo de solución, sin dimensionar sus condiciones, no nos hacemos cargo de las causas que motivan la delincuencia", añadió el magistrado.
En este sentido, dijo que "como Poder Judicial, como Estado y como ciudadanos, no podemos contentarnos con descansar en el hecho de que la sanción ha sido impuesta. Necesitamos asegurarnos de que ella sea humana, legítima y, en suma, justa. Sin eso, incumplimos uno o más determinados deberes morales, pues la sanción se deslegitima y se transforma pura y simplemente en violencia de Estado".
"El desafío que como país debemos asumir es el de transparentar esta realidad y atacarla de manera frontal. Se requieren más recursos y políticas de desarrollo para cambiar drásticamente esta situación. Así las cosas, espero que desde el Gobierno, desde el Parlamento y desde el Poder Judicial no sólo hablemos de delitos y cárcel, sino que participemos de las acciones dirigidas a enfrentar las causas de la delincuencia, conscientes de la precariedad e injusticia que la cárcel absorbe y reproduce", añadió.
Al referirse particularmente a la situación de los adolescentes infractores de ley, el presidente de la Corte Suprema llamó a asumir la problemática desde una perspectiva integral y ampliando iniciativas de justicia restaurativa como los tribunales de tratamientos de drogas.
El presidente Dolmestch, asimismo, se refirió a la situación de procesos que se tramitan en la Región Metropolitana en los antiguos juzgados del crimen y que se extienden por más de 10 años desde la implementación en el país de la Reforma Procesal Penal.
Sin embargo, aclaró que este tipo de solución debe excluir las causas iniciadas por violaciones a los derechos humanos, originadas tras la interrupción institucional del 11 de septiembre de 1973.
