Johaziel Jamett no asumirá responsabilidades por fallida alerta de maremoto.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- "No va a asumir responsabilidad" dijo categórica este lunes la defensora pública del el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI Johaziel Jamett, Alicia Corvalán, respecto al comunicado que entregará su representado como parte de los requisitos acordados con la Fiscalía para optar a la suspensión condicional del procedimiento que pesa en su contra, en el marco del denominado caso Tsunami.
"Èl (Jamett) va a dar una declaración pública y va a explicar cuál es la participación que tuvo esa noche para efectos de explicarle a las víctimas la situación que ocurrió", detalló la abogada en alusión a la serie de hechos que ocurrieron la madrugada del 27 de febrero de 2010 tras el terremoto que azotó a la zona centro sur del país y que derivaron en la fallida alerta de tsunami que provocó la muerte de 105 personas.
El mensaje se suma al pago de $5 millones, $4 de los cuales serán para las víctimas y el resto, para la implementación de un Plan de Emergencia y un Sistema de Protección Civil que permita evitar una tragedia similar.
Jamett, al igual que los otros cinco acusados, aceptó las condiciones ofrecidas por el Ministerio Público para optar a una salida alternativa al juicio oral.
Ello, será discutido el próximo 4 de abril ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que finalmente deberá aceptar si procede o no la suspensión condicional del procedimiento.
En la instancia, además, el fiscal regional José Luis Pérez Calaf, ofrecerá el mismo beneficio al ex subsecretario de Interior Patricio Rosende Lynch, a cambio del pago de $80 millones, mientras que a la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) Carmen Fernández, deberá cancelar $40 millones.
En tanto, los tres marinos encausados -el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del SHOA Andrés Enríquez, y el ex oficial de guardia del SHOA Mario Andina- también podrán optar a una suspensión condicional del procedimiento a cambio de una compensación económica que alcanza los $40 millones.
