SANTIAGO.- Preocupación mostró esta mañana el presidente de la mesa de trabajo por la marea roja, Jaime González, ante la escalada del conflicto que vive la región de Los Lagos, especialmente la isla de Chiloé, por la imposibilidad de llegar a acuerdos con el Gobierno para una compensación a los pescadores artesanales.
El dirigente de los trabajadores pesqueros, en entrevista con Tele13 Radio, se refirió al rechazo de la última propuesta del Gobierno de un bono de $750 mil por trabajador entregado en cuatro cuotas y a la difícil situación que se vive dentro de la isla, que mantiene sus rutas de acceso bloqueadas.
"El Gobierno cree que nosotros estamos mintiendo sobre lo que está pasando acá. No le han tomado el peso al drama que está pasando la gente de la región", afirmó González.
Las razones del rechazo a la propuesta de las autoridades centrales, según González, no tiene que ver tanto con el monto del bono, sino más con el "desglose" de los requisitos para acceder a éste.
Entre éstos, se requiere que los afectados estén inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) y que registren su declaración de desembarque de recursos afectados durante 2016.
Ante esto, González alegó que "muchos no tienen registro de desembarque y nunca lo han tenido, es una falencia que ha tenido desde hace décadas el sistema de Sernapesca".
"El bono quizás se vea bonito al hablarlo, pero no entran todos. Con este sistema no entra ni el 15% de los pescadores artesanales en el bono" por no tener registro de desembarque, aseguró.
Radicalización del conflicto
Si bien los manifestantes abrieron ventanas este fin de semana para que las personas pudieran entrar y salir de Chiloé, y para que ingresaran camiones con productos para paliar el desabastecimiento de la isla, el dirigente se mostró preocupado por el futuro de las negociaciones.
"Si el Gobierno no se apura a solucionar nuestras demandas, yo creo que esto va a pasar a mayores, después se nos va a ir de las manos y no va haber solución", señaló.
Para evitar la radicalización del movimiento, González manifestó que "estamos trabajando con varios grupos y gremios (...) pero lamentablemente es una medida de presión".
"Nosotros no somos terroristas o extremistas, somos personas que no hallamos qué hacer para que el Gobierno nos escuche y por eso pagan justos por pecadores", puntualizó.
