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Consejo de Observadores pide al Gobierno consignar desacuerdos en las actas de encuentros locales

Grupo objeta parte de la metodología del Ejecutivo y remite 19 interrogantes a la Segpres sobre el resguardo de datos personales de participantes en el proceso constituyente.

31 de Mayo de 2016 | 06:05 | Emol
Luciano Riquelme, El Mercurio
SANTIAGO.- El miércoles pasado, el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) envió dos oficios al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Nicolás Eyzaguirre. En uno de los escritos se objetó parte de la metodología establecida por el Gobierno para registrar en actas el debate producido en los encuentros locales y cabildos, en el marco del proceso constituyente.

En el documento, el consejo solicitó que en dichas reuniones no solo queden registrados los acuerdos alcanzados, sino también los desacuerdos. Se trata de una observación que la entidad que preside el abogado Patricio Zapata viene realizando desde marzo pasado, señala El Mercurio.

Así lo planteaba un texto de esa época: "Los desacuerdos no deben ser discriminados ni los acuerdos sobrevalorados o inducidos".

Oficio a La Moneda

En el oficio que se cursó a la Segpres se insistió en dicho requerimiento, que hasta el momento no ha sido acogido por el Ejecutivo. De hecho, en el escrito se afirma: "Nos preocupa el curso que han seguido estos acuerdos del consejo".

En este contexto, el consejo tilda de "preocupante" que el moderador de un encuentro local realice "dos rondas para formar acuerdos" y que ello solo lo haga "sobre los siete puntos más mencionados por el grupo".

También se establece que la modalidad propuesta por el Gobierno "permite anticipar que, en la práctica, las opiniones discordantes quedarán excluidas".

La entidad solicita "al equipo gubernamental que emita, a la brevedad, un material interpretativo y complementario" para precisar interrogantes sobre cómo se determinarán, en la práctica, las categorías definidas como acuerdos y desacuerdos parciales.

Este tema fue abordado por la Presidenta Michelle Bachelet la semana pasada, cuando, en el marco de una entrevista radial, el periodista Matías del Río le comentó que él había participado en un encuentro local de 18 personas, pero que no había logrado resaltar el derecho de propiedad como uno de los conceptos para incluir entre las prioridades de la Constitución porque ninguno de los presentes lo respaldó.

19 interrogantes

El segundo de los oficios entregados al Ejecutivo estipula 19 preguntas sobre la "cautela de los datos e información personal de los participantes".

Las aprensiones del consejo respecto de la materia tienen que ver con —según se señala en el documento— la "necesidad de establecer criterios que permitan armonizar y compatibilizar la tarea de control y observación del proceso de discusión ciudadana" con el resguardo de los datos que participantes de encuentros locales remiten a la hora de inscribirse en la web oficial.

Dicho oficio surge luego de la denuncia realizada por el movimiento ciudadano Cabilderos, en cuanto a que participantes que han explicitado en su registro no querer compartir sus datos personales han podido ser contactados posteriormente por funcionarios de gobierno por diversos motivos.

Así, el consejo pide al Ejecutivo aclarar qué subsecretaría está a cargo de dicha base de datos y exigen respuesta respecto de "a quiénes se transfieren los datos, qué datos y con qué finalidad".

Además, cuestionan: "¿Existe algún sistema de transferencia automatizada de datos a otros organismos estatales o terceros?". En este sentido, se pide especificar una "política de privacidad que fije criterios para el manejo de la información contenida en dicha base".

Por otra parte, la entidad también envió una carta al Consejo para la Transparencia para solicitar a ese organismo "colaboración para interpretar el tipo de tratamiento que debe dárseles a estos datos".

Agrega, a su vez, que "nos preocupa el grado de publicidad que a esta información puede dársele, y si el Gobierno puede acceder a ella, las circunstancias y fines, si los hay, para los cuales podría hacerlo".

En tanto, también remitieron un oficio al Servicio Civil para pedirle una aclaración frente a las "denuncias de ciertos sectores políticos sobre el grado de ponderación de las preferencias políticas de los postulantes" y si "dicho aspecto fue considerado como criterio en alguna de las etapas del proceso" de selección de facilitadores.
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