SANTIAGO.- Un exhaustivo análisis del proyecto de educación superior realizó el rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, ante los diputados de la Comisión de Educación, donde se tramita la iniciativa.
El académico advirtió la dificultad de que el proyecto pueda ser tramitado dentro del plazo previsto por el Ejecutivo, dada su extensión, complejidad y diversidad de materias que aborda.
"Si alguien piensa que un proyecto de cerca de 300 artículos, que aborda cuestiones tan disímiles, como los principios que rigen el sistema universitario, la arquitectura institucional (…) y establece reglas que son técnicamente muy complicadas para el control del lucro, si alguien piensa que todo eso puede hacerse con cierta rapidez, no conoce la historia legislativa en Chile; algo así no se puede hacer ni este año ni el siguiente", afirmó.
El rector advirtió que "lo que va a ocurrir es que vamos a tener un proyecto de reforma en medio de una tramitación para la siguiente elección presidencial y, si cambia el Gobierno, va a haber una indicación sustitutiva de este proyecto".
Por eso, sostuvo que "la mejor manera" de tramitarlo es "desmembrarlo" en varios proyectos de ley: Uno sobre aseguramiento de la calidad (acreditación), otro que cree la Subsecretaría de Educación Superior, otro que cree la Superintendencia (lucro) y otro sobre financiamiento (incluyendo la gratuidad).
A su juicio, se debiera comenzar con el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior, ya que es "lo más urgente" y, en su opinión, es el capítulo "mejor logrado" de todo el proyecto de ley.
"Si logramos dar ese paso, habremos resuelto definitivamente uno de los problemas principales del sistema de educación superior en Chile, que es que no sabemos quién cumple la ley y quién no la cumple. Esto es realmente increíble, en un país donde tenemos 60 instituciones", afirmó el rector.
Sobre este tema, agregó que "iniciar cualquier programa de gratuidad, como el que se ha iniciado en Chile, con esa ceguera, a mí no me parece políticamente correcto".
"Errores técnicos" del proyecto
El rector –quien también es abogado–, advirtió además que el documento incurre en una serie de "errores técnicos". Uno de ellos es que "tiende a ser demasiado conceptual", ya que está "construido sobre la base de definiciones y, a partir de éstas, se infieren las reglas".
Otro error que hace notar es que, a lo largo de todo el proyecto, se mezclan materias generales, que son propias de una ley, con detalles que más bien debieran estar incluidas en el reglamento posterior.
Ante esto, afirma que se debería "limpiar" el proyecto y "achicarlo a la mitad", por la vía de "aligerarlo de tanto conceptualismo y definiciones", y "restringiendo las materias de que las se ocupa a las que son propias de ley, sin inmiscuirse en el plano reglamentario".
UDP evaluará si permanece en la gratuidad
Otro problema que advirtió el rector se relaciona con la gratuidad, y es que en los artículos transitorios se contempla que, en los dos primeros años, las universidades que adscriban a esa política sólo recibirán recursos correspondientes al arancel regulado y no del fondo de investigación que existirá cuando el proyecto esté en régimen y que incluso se entrega actualmente a través de la glosa del Presupuesto, el que asciende a unos $2.700 millones.
"Las condiciones de adscripción a la gratuidad a futuro, tal cual están diseñadas en el proyecto, son peores que las que hoy día existen (en la glosa de Presupuesto). Porque la glosa contempla la transferencia por gratuidad más 20% y además un fondo de investigación. Pero ese fondo no existe en el régimen transitorio", señaló el rector.
Peña afirmó que "esto parece diseñado brillantemente para que las universidades lean el proyecto y digan 'es mejor esperar que entre en vigencia la reforma final antes de adscribir a la gratuidad', porque de adscribir ahora hay un lapso incierto, de 2, 3 ó 4 años, en que se carecería de todo financiamiento, salvo la transferencia por gratuidad".
Ante este escenario, dijo que la UDP evaluará si continúa siendo parte de la gratuidad en el futuro. "El deber de todas las instituciones es evaluar, a la luz de las reglas, una vez que se promulguen, si acaso es razonable o no para ellas continuar", señaló.
Agregó que "en una decisión de esa índole, una universidad considera tanto la orientación que posee, como las variables financieras que inciden". "Vamos a pesar todo eso en su momento y ahí vamos a decidir", concluyó.
