SANTIAGO.- Considerando que 38.770 familias viven en 660 campamentos a lo largo del país, 11 mil más que en 2011 según cifras de TECHO-Chile, el informe anual sobre Derecho Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales abordó este problema en su última publicación.
En la XIV versión del informe, presentado esta mañana en la Facultad de Derecho UDP por la directora del Centro de Derechos Humanos del mismo plantel, Judith Schönsteiner, asegura que lo anterior "constituye una violación de una obligación inmediata del derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile".
El informe describe que existe una "falta de una política estructural de vivienda, que pueda superar los obstáculos que le pone el mercado de suelos, y de datos actualizados sobre la situación en los campamentos". También apunta a la "ausencia de reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda".
De hecho, el informe recomienda que se debe "garantizar constitucionalmente el derecho a una vivienda adecuada, así como el acceso a la justicia", así como "levantar información desagregada sobre la situación de los campamentos en Chile, y mantenerla actualizada", sumado al aumento "de los recursos destinados al término de los campamentos".
Diez son los capítulos que incluye este año la publicación, cuyo propósito es "informar y analizar en profundidad, desde la perspectiva de los DD.HH., aspectos conflictivos o silenciados de nuestra vida social, que consideramos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad".
Uno de los capítulos se aborda el derecho de los grupos LGTBI "cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile". En ese contexto, se indica que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.
Situación de menores
En materia de Infancia, el estudio critica la forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo, asegurando que la institucionalidad de la infancia en Chile es calificada como "una deuda impaga".
Tras el análisis de los proyectos de ley presentados durante este año por el Ejecutivo, se concluye que "a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado".
Entre otras medidas, se insta a que se apruebe con prontitud el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un enfoque de derechos humanos, y que no se sujete el reconocimiento de éstos a la disponibilidad presupuestaria del Estado.
Otra capítulo se llama "Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos", el cual estudia la situación laboral de dichos trabajadores, en particular en materia de sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, recomendando que estos derechos sean consagrados constitucionalmente en forma universal (para públicos y privados), aunque "admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición– en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término".
El resto de las temáticas incluidas este año se refieren las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres, con y sin discapacidad psíquica o intelectual; pueblos indígenas, multiculturalidad y sistema educacional; garantías contra la expulsión para migrantes y por último, el capítulo sobre verdad, justicia y memoria por violaciones a los DD.HH. en tiempos de dictadura, único que se mantiene desde los inicios de la publicación.
