SANTIAGO.- Joaquín Lavín, alcalde de la comuna de Las Condes, anunció que este jueves propondrá al concejo municipal quitarles todos los beneficios sociales a las personas mayores de 30 años que hayan sido detenidas o condenadas dos veces -o más veces- por tráfico de drogas.
Según el edil de la comuna, ha recibido numerosas quejas de beneficiarios de viviendas sociales que reclaman vivir al lado de una persona que vende drogas.
En este sentido, aseguró al diario La Segunda, que "me encantaría que las personas condenadas por tráfico de drogas perdieran su vivienda, pero eso no se puede hacer".
"Nadie se imagina lo que es para una persona que obtuvo una vivienda tener a un traficante en su mismo block. Se deshace su sueño", sostuvo.
En Las Condes existen alrededor de mil viviendas sociales, otorgadas por subsidios del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), al que se suma un monto extra que incluye la compra del terreno, entregado por el municipio.
Lavín asegura que es debido a las quejas de los vecinos que decidió proponer como nuevo requisito para postular a una de estas viviendas, que la persona no haya sido condenada o detenida por la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de estupefacientes.
Según calcula el alcalde, si este filtro existiera hoy, alrededor de 160 personas no podrían vivir en Las Condes.
"La idea es que esas personas mayores de 30 años, detenidos dos o más veces por tráfico de drogas, pierdan los beneficios sociales en la comuna, incluyendo el más importante que es postular a una vivienda social, y además la atención en la Clínica Cordillera, el subsidio de arriendo y la tarjeta vecino. Sólo se mantendrían los subsidios que corresponden a menores, por ejemplo el de vestuario", detalló el edil.
El alcalde de Las Condes dijo que este miércoles el director jurídico expondrá ante el concejo municipal las opciones de plasmar esta iniciativa como una ordenanza, o de dejarla solo como un requisito para optar a las viviendas sociales que ofrece el Serviu.
"La idea es hacerlo de la mejor forma jurídica posible. El problema del narcotráfico y el microtráfico en ciertos sectores hacen necesarias medidas fuertes", detalló.
En el caso de que se decida realizar una ordenanza, también se deberá considerar al consejo de seguridad comunal, que incluye a Carabineros y a la PDI.
Lavín destaca que esto "no se había hecho nunca. Hasta ahora es solamente un tema judicial, pero nosotros vamos a ir más allá de la justicia.".
"No vamos a esperar que la persona sea condenada, sino que el solo hecho de que sea detenida dos o más veces es un indicador de que va a perder los beneficios", concluyó.
