Los rectores afirman que la transferencia que el Gobierno efectúa por gratuidad "está por debajo de los aranceles" y "no incluye ningún financiamiento para investigación".
El Mercurio
SANTIAGO.- Los rectores de dos universidades privadas que están adscritas a la gratuidad, Carlos Peña, de la U. Diego Portales, y Eduardo Silva, de la U. Alberto Hurtado, afirman que no volverán a adherir a esa política si no se le introducen cambios.
Así lo dieron a conocer en una columna publicada en "El Mercurio", donde hacen ver el costo que ha significado para ambas casas de estudio ser parte de la gratuidad y cuestionan que las indicaciones que introducirá el Mineduc al proyecto de Educación Superior se limite a fortalecer a las universidades estatales y mantener el estatus a las del G9, pero "desconozca" al resto de las universidades privadas, que seguirán sin recibir un aporte fiscal, independiente de su calidad o de si adhieren o no a la gratuidad.
Los rectores afirman que, tras sumarse a la gratuidad, han debido enfrentar "una severa limitación de recursos", lo que, de mantenerse, podría terminar afectando su calidad.
Esto ya que la transferencia que el Gobierno efectúa por concepto de gratuidad "está por debajo de los aranceles" y "no incluye ningún financiamiento para investigación". Por eso aseguran que han debido "moderar sus programas de investigación, restringir la contratación de nuevas jornadas, suspender la mejora de su infraestructura física, congelar los incentivos a sus académicos"; y subrayan que "no pueden sustentarse sin recibir aportes basales", como sí los reciben los planteles del CRUCh.
Además, según se ha establecido, a partir del año 2018 se sumarán a la gratuidad los estudiantes del sexto decil, lo que complicaría aún más la situación de ambos planteles. "Nadie podría estar en contra de ampliar el beneficio a un mayor número de estudiantes, pero la inclusión no puede ser a costa de sacrificar la calidad", afirman.
Antes esto, advierten que "de mantenerse el diseño de la gratuidad sin modificaciones, nuestras universidades no podrán adherir nuevamente a ese programa. Sumar al sexto decil en las condiciones actuales obligaría a estas instituciones a transformarse en universidades meramente docentes, asistenciales, y a prescindir de las comunidades académicas destinadas a la investigación que ha costado años formar".
"Es paradójico, y a veces hasta absurdo que dos instituciones, que bajo cualquier parámetro poseen una alta calidad relativa, cuya índole sin fines de lucro es perfectamente verificable y que poseen una abierta orientación pública, se vean sin embargo perjudicadas, ellas, sus estudiantes y sus profesores, por adherir a un programa gubernamental que, inexplicablemente, ha cerrado los ojos frente a la heterogeneidad de las instituciones creadas luego de 1981", concluyen.
