SANTIAGO.- El Consejo para la Transparencia advirtió a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados sobre el riesgo que reside en el proyecto de ley que busca disminuir la evasión del Transantiago: un Registro de Evasores de carácter público, al que cualquier ciudadano podría acceder.
"El CPLT cree que es conveniente limitar el tratamiento de los datos personales de los usuarios, exclusivamente, a efectos estadísticos o de políticas públicas de transporte y se opone a que este registro sea público, pues los datos son personales y se trata de información que no debe ser pública en ningún caso", se lee en la minuta que envió el organismo el día de ayer.
El Registro de Evasores, que ha sido denominado como "el dicom de los pobres", además restringiría el acceso a beneficios sociales a quienes lo integren o podría permitir que se descontara la multa de la devolución de impuestos.
Sobre la iniciativa, el diputado René Manuel García (RN), miembro de la Comisión de Transporte, considera que el que sea pública no tendría ningún efecto sobre la tasa de evasión. "Es una medida que nació muerta. Lo que quiere el Transantiago es recaudar recursos, no que se sepa quiénes son los que deben. Que sea público no va a traer ningún beneficio para el Transantiago y ningún perjuicio para los evasores", considera.
"Que sea público no va a traer ningún beneficio para el Transantiago y ningún perjuicio para los evasores"
René Manuel García
Lo que sí apoya es la idea de generar desincentivos para los evasores. "Lo que se requiere son medidas más drásticas, como multas o 'desbeneficios', por ejemplo que no puedan postular a los beneficios que entrega el Estado", agrega.
Por su parte, el diputado Claudio Arriagada (DC), que también conforma la Comisión, discrepa en lo último. "Una persona que es merecedora de beneficios sociales lo es siempre, independiente de las deudas que pueda tener. El problema de las deudas se resuelve por otras vías, no quitándole los derechos que el Estado le está garantizando. Es una medida poco justa", afirma.
"Hay un tema que es garantizar la privacidad de la información personal", añade el diputado. "Mal podríamos estar aprobando un proyecto que hiciera un dicom de los no pagadores y que además fuera público. No creo que sea viable. Ya hemos escuchado a distintos especialistas que no están de acuerdo, pero personalmente no estoy disponible para medidas como esta", asegura.
"No puede ser una herramienta para poner en la plaza pública a alguien de manera que luego condicione su vida"
Giorgio Jackson
Giorgio Jackson (RD), también miembro de la comisión y diputado por Santiago, tampoco concuerda con la medida: "El problema es que el registro sea abierto, eso viola la privacidad de los datos. No puede ser una herramienta para poner en la plaza pública a alguien de manera que luego condicione su vida, que le impida encontrar un trabajo o que limite su acceso a derechos básicos, como los beneficios sociales", afirma.
El proyecto, que fue ingresado por el ex ministro Andrés Gómez-Lobo, se encuentra en su segundo trámite constitucional.
