Héctor Yáñez, El Mercurio
SANTIAGO.- En el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana (DC) de este lunes, el primero tras la controversial Junta Nacional del pasado sábado que dejó en "reflexión" por cuatros días la candidatura presidencial de la senadora Carolina Goic, se dio a conocer el informe elaborado por el abogado Patricio Zapata con los "estándares éticos" que deben tener los candidatos de la falange, a 14 días de la inscripción de la plantillas parlamentarias (21 de agosto).
El documento titulado "Las candidaturas del PDC: La ley, la democracia interna y la ética", propone que el partido "se abstendrá de incluir en sus listas de candidatos a personas que hubieren sido condenadas por cualquier Tribunal de la República, por conductas gravemente atentatorias al núcleo central de valores exigible en un servidor público democratacristiano".
Este estándar busca, añade el informe, establecer una norma más allá de lo que se estable en los artículos 16 y 17 de la Carta Fundamental, sobre las causales de pérdida y suspensión de la ciudadanía que implican la imposibilidad de optar a cargos de representatividad popular ("siempre vinculadas a la acusación o condena por delitos que merezcan pena aflictiva o por conductas terroristas").
"No solo resulta 'condenada' la persona a quien se le aplica una sanción privativa de libertad en sede penal. También es condenada la persona a quién un tribunal civil, laboral o de familia, luego de acoger la demanda o denuncia, ordena cumplir una obligación, indemnizar los perjuicios, pagar una multa o realizar alguna otra conducta reparatoria o cautelar. No nos estamos refiriendo específicamente, entonces, a condenas penales por delitos que merezcan pena aflictiva (que sería la condena por delitos obviamente graves como el homicidio o la violación). Esa exclusión de la ciudadanía ya está cubierta, como lo hemos visto, por la regla constitucional. Estamos agregando a la prohibición, entonces, a las personas con condenas penales no aflictivas o condenas civiles, que les hayan sido aplicadas por un Tribunal de la República respecto de conductas gravemente atentatorias al núcleo central de valores exigible en un servidor público democratacristiano", explica Zapata.
"Sin pretender ser exhaustivo, creo que en esta categoría caben, entre otras, las condenas dictadas en definitiva por un tribunal de la República por maltrato infantil, violencia intrafamiliar, acoso sexual, tráfico de drogas o estupefacientes, malversación de recursos públicos, cohecho, prevaricación, prácticas antisindicales, colusión y, en general, violación de los derechos humanos", agrega el documento.
Haciendo alusión a los escándalos sobre financiamiento irregular de la política, el jurista también hace extensiva esta prohibición sobre los actores políticos que enfrenten investigaciones.
"Un partido político no debe incluir en sus nóminas de candidatos a una persona que tiene suspendidos sus derechos de militante por estar siendo objeto, actualmente, de una investigación penal formalizada", propone.
"He llegado a la convicción que el conjunto de criterios propuestos es plenamente coherente con las definiciones doctrinarias, estatutarias y políticas del PDC. Bajo ningún concepto se trata de fijar requisitos imposibles o tan heroicos que estén fuera del alcance del común de los mortales. Los partidos políticos no son, ni deben tratar de ser, agrupaciones de santos. Ahora bien, si queremos reencontrarnos con la ciudadanía debemos avanzar en la dirección de proponernos mayores exigencias éticas", precisa Zapata.
El jurista aclaró, además, que para elaborar su informe ha "evitado, deliberadamente, revisar si alguno o algunos de los actuales precandidatos del PDC se encuentra en alguna de las situaciones de impedimento que resultarían de acogerse estos estándares más exigentes".
