SANTIAGO.- Una dura crítica realizó la Conferencia Episcopal a la demora de siete años que tardó la Congregación de los Hermanos Maristas en denunciar los abusos sexuales que cometió uno de sus religiosos por años en contra de menores de dos colegios en los que era docente.
"No me corresponde a mí, como obispo, que desconozco la información cabal sobre este caso particular, afirmar o negar que la actuación de la autoridad haya sido un error. Pero admito que causa extrañeza conocer una actitud tan decidida con una tardanza tan incomprensible", sentenció el presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos del Episcopado, Alejandro Goic, según La Tercera.
Este lunes, los Hermanos Maristas presentaron ante la Fiscalía los antecedentes de los ilícitos de Abel Pérez Ruiz (70), quien reconoció en 2010 haber abusado a 14 menores de edad desde 1970 en el Instituto Alonso de Ercilla y en el Colegio Marcelino Champagnat.
Ese mismo año, la congregación le prohibió desempeñar sus labores docentes en los establecimientos, siendo relegado a realizar tareas administrativas en las que no tuviera relación alguna con los niños y jóvenes.
Sin embargo, según informaron ayer a través de un comunicado que tras conocer sobre los abusos "consultamos a dos personas autorizadas y ellas nos recomendaron que si las víctimas no denunciaban, nosotros no interpusiésemos nada. Según eso procedimos. A posteriori, nos dimos cuenta de que la actuación no fue la correcta y hemos pedido perdón".
Goic comentó que "como nos han recordado los últimos dos Papas, la demora en hacer justicia agrava el daño inmenso que, por sí mismo, constituye todo abuso contra menores de edad".
Esta preocupación, aseguró, "no es a partir de la imagen institucional. Es por la coherencia con el Evangelio que predicamos. Más allá de la impresión que demos, nuestra misión es proteger, cuidar, dignificar. El cumplimiento de la misión que nos dio Jesús, ese es nuestro centro, nuestro deber moral que antecede a la obligación jurídica y a nuestra reputación o imagen pública".
Sobre el posible retorno de Pérez a Chile para un proceso judicial, el obispo de Rancagua afirmó que "será la ley la que determine las condiciones en las que esta persona deberá enfrentar la acusación. Lo correcto es que las personas y las instituciones de la Iglesia demos garantías de que no hay lugar en la vida consagrada para quienes abusan o dañan la integridad de niños, niñas y jóvenes".
