SANTIAGO.- "No están contentos y aseguran que son inocentes", afirmó el sábado Patricia Cuevas, defensora penal mapuche, tras reunirse con el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y su hijo, que se encuentran hace dos semanas en prisión preventiva, con prohibición de difundir sus identidades, en el Penal Biobío de Concepción.
Por primera vez desde que compartió con ellos en el cuartel policial, tras el operativo, Cuevas pudo reunirse con sus representados, en una instancia que se extendió por cerca de dos horas.
"H.Ll.C. afirma que no tenía Whatsapp, así que me pidió que se solicitaran diligencias de investigación, a efecto de esclarecer si él tenía algún tipo de aplicación de las que fueron interceptadas, lo cual vamos a hacer en el transcurso de la semana", detalló la abogada al diario local El Sur.
Son las supuestas conversaciones sostenidas a través de la aplicación las que fueron atribuidas por Carabineros a los líderes de la CAM y Weichan Auka Mapu, y que constituyen parte de las pruebas que posee la fiscalía para apuntar a los ocho detenidos por el delito de asociación ilícita con carácter terrorista.
"Si bien en la carpeta de investigación aparecen múltiples conversaciones de WhatsApp, lo cierto es que en la resolución del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco (que instruyó las detenciones) él ordenó la interceptación de un sólo teléfono celular de mi representado, lo que no se condice con la incautación de por lo menos ocho celulares en el domicilio donde fue detenido en Concepción", sostuvo Cuevas.
El vocero de la CAM fue aprehendido cuando se encontraba en la casa de un familiar, por lo cual se obtuvieron celulares de otros miembros de su familia, los cuales no tendrían que ver con los delitos imputados.
Además, la abogada afirmó que en el transcurso de la semana, presumiblemente el martes, presentará un recurso en la Corte Suprema, tras el rechazo del tribunal de alzada de Temuco a la acción de amparo inconstitucional que presentaron los defensores de los ocho comuneros y que buscaba revertir la prisión preventiva.
De acuerdo al equipo legislativo, la medida cautelar no se ha fundamentado de forma adecuada, ya que "la resolución no se pronuncia sobre el fondo y sobre la argumentación que en este caso debió realizar el Juzgado de Garantía de Temuco". Cuevas asegura que el organismo debió aclarar "cuáles son los antecedentes tan calificados que se tuvieron a la vista para decretar la prisión preventiva".
"La prisión preventiva exige antecedentes calificados para presumir que una persona participó en un delito, que existió ese delito y que existe la necesidad de que esa persona se mantenga privada de libertad. Por lo menos esperábamos que se hiciera referencia a un parte policial, a declaraciones de testigos, informes policiales, pero eso no ocurrió", asegura la abogada.
