SANTIAGO.- Más de 500 bombas molotov y 96 alumnos detenidos ha contabilizado Carabineros en lo que va de 2018, durante las 160 intervenciones en colegios de la comuna de Santiago. Hasta ahora, el año ha estado marcado por los enfrentamientos entre estudiantes y la policía.
El hecho más grave ocurrió la mañana de este jueves, cuando un grupo de encapuchados salió del Liceo de Aplicación y agredió a algunos carabineros, resultando tres con heridas.
"Esta violencia es indignante e inaceptable. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Tiene que morir alguien para que reaccionen?", afirmaba el Presidente Sebastián Piñera a través de su cuenta de Twitter tras los hechos. "La próxima semana presentaremos un proyecto de ley urgente para expulsar a los violentistas de nuestro sistema escolar y proteger a la comunidad", añadió.
Su postura ha sido respaldada por el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, quien ha pedido más herramientas para controlar estos episodios. Hoy, el jefe comunal busca junto al director y el cuerpo docente del establecimiento "soluciones que nos permitan devolver la paz a esa comunidad".
"El Gobierno y la municipalidad no han sabido solucionar el tema"
Desde la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), su vocera Amanda Opazo también ha condenado los incidentes.
"Como ha pasado mucho durante este último tiempo, nosotros repudiamos completamente los hechos de violencia que se están dando dentro de esos liceos y sentimos que es necesario empezar a generar diálogo con las comunidades educativas", señala en conversación con Emol.
"(Las expulsiones) no son efectivas al 100% ni resuelven el problema fundamental, que abarca una violencia súper grave, más todavía cuando está siendo reiterativa"
Amanda Opazo
Sin embargo, manifiesta una crítica. "A al vez, nos parece bastante mal la reacción que están teniendo la municipalidad y el Ministerio de Educación, de generar expulsiones inmediatas, que no son efectivas al 100% ni resuelven el problema fundamental que abarca una violencia súper grave, más todavía cuando está siendo reiterativa", añade.
"Una suspensión o una cancelación de matrícula no soluciona nada. Aquí el Gobierno y la municipalidad no han sabido solucionar bien el tema. Incluso las comunidades educativas —el resto de los estudiantes, los apoderados, quienes son los directivos— han tenido soluciones mucho más suficientes que el mismo Gobierno, que es quien debería hacerlo", concluye.
